A Imelda Cortez su padrastro la violó desde los 12 años. Mucho después, ella a sus 20 (y él de 70), Imelda parió el fruto de su violador donde pudo. En
una letrina, en una de las zonas rurales más pobres de El Salvador. El bebé nació sano, pero ella empezó a desangrarse. No pensó, tal vez, en ese momento en que se moría que sería acusada de intento de asesinato y enviada a prisión.
La historia de Imelda Cortez arroja luz sobre la rigidez de las leyes contra el aborto en El Salvador, donde la interrupción del embarazo es ilegal bajo cualquier circunstancia.
Imelda nació en la zona rural marginal de San Miguel. Y está presa desde abril de 2017 después de haber dado a luz a una beba, hija de su anciano abusador.
Cortez fue llevada de urgencia al hospital. La descubrió su madre tirada en el piso, ensangrentada y consumida por un dolor insoportable. Los médicos sospecharon un aborto y llamaron a la policía, a pesar de que el bebé había nacido vivo y sano.
Desde los 12 años que Cortez era abusada por el hombre de su madre. Y la joven no tenía idea, dijo, que estaba embarazada. El bebé sobrevivió, pero Cortez fue acusada de intento de asesinato, se le negó una fianza, y fue enviada a prisión después de pasar una semana en el hospital.
“Esta es la injusticia más extrema y escandalosa contra una mujer que he visto”, dice Bertha María Deleón, una de las abogadas de Cortez, citada por el diario The Guardian. “El Estado ha repetidamente violado los derechos de Imelda como víctima; está profundamente afectada pero se niega a recibir un tratamiento psicológico”.
Aborto: cómo está legislado en el resto del mundo
El aborto ilegal en El Salvador derivó en una agresiva persecución contra las mujeres.
Igual que Cortez, en su mayoría son mujeres pobres de zonas rurales sentenciadas con evidencias tenues después de tener complicaciones ginecológicas como abortos o partos con fetos muertos.
Mientras Cortez estaba en el hospital, su padrastro la fue a visitar para amenazarla. La mataría a ella, a su madres y sus hermanos si denunciaba los abusos. Un paciente escuchó, avisó a una enfermera que avisó a la policía.
Al principio, los fiscales acusaron a Cortez de inventar los abusos para justificar su crimen hasta que una prueba de ADN confirmó la paternidad del bebé. Pero su padrastro todavía no fue acusado.
El juicio contra Cortez comienza este lunes. Y se espera que el fallo de los juecesllegue en una semana.
Cortez niega haber intentado abortar a su bebé, que ahora tiene dos años. Si es declarada culpable, podría enfrentar hasta 20 años de cárcel, dijo su abogada Alejandra Romero.
Los jueces considerarán la evidencia médica presentada por los médicos para determinar si Cortez intencionalmente intentó inducirse un aborto y condenarla por intento de asesinato, o si deciden liberarla. “Imelda está desanimada. Su caso podría ir en cualquier dirección”, explicó Romero a Reuters. “Pero si el juez es objetivo y analiza las pruebas, que no demuestran que haya dañado a su hija y cometido un delito, Imelda debe ser liberada”, dijo.
Independientemente de la culpabilidad o inocencia de Cortez, la severa pena a la que se enfrenta ha reavivado el debate sobre la prohibición total del aborto bajo cualquier circunstancia, incluso para las víctimas de violación, en El Salvador.
Mariana Ardila, abogada del grupo de derechos Women’s Link Worldwide, indica que los jueces tienen el deber de considerar las circunstancias que rodean el embarazo, incluso si encuentran a Cortez culpable.
”Es crucial que el poder judicial, al tiempo que imparte justicia en los delitos relacionados con el embarazo, tenga en cuenta las circunstancias individuales y los antecedentes de las mujeres y las niñas”, dijo Ardila. “En este caso, las circunstancias relacionadas con la violencia sexual que enfrentó Imelda y las consecuencias posteriores en su vida”.
Hasta la fecha, una petición en línea ha recogido cerca de 45,000 firmas que piden a las autoridades que libren a Cortez de la prisión.
Fuente: La Vanguardia y The Guardian