El secretario de Culto de la Nación, Alfredo Abriani, afirmó que la renuncia de la Iglesia al aporte económico del Estado fue “totalmente amistosa”, al negar que haya sido producto
de un conflicto con el Gobierno.
La relación entre el Gobierno y la Iglesia se tensó luego de que el presidente Mauricio Macri habilitó en febrero el debate sobre al legalización del aborto, que se sumó al vinculo frío de la Casa Rosada con el Papa.
En medio el debate sobe el aborto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo en una exposición en la Cámara de Diputados ante una pregunta de la diputada Carla Carrizo (FR) que el Estado le transferiría este año 130 millones a la Iglesia para su sostenimiento. El tema había sido adelantado por Clarín esa mañana.
Paralelamente, se alzaron voces pidiendo la “separación” de la Iglesia y el Estado, todo lo cual derivó en que la Iglesia acelerara su renuncia al aporte estatal que representa apenas el 7% de su presupuesto, pero que tiene una alta significación política.
De hecho, el viernes, los obispos anunciaron que aceptaban el “reemplazo gradual” de los fondos estatales por la contribución de los fieles y anunciaron al creación de una comisión que avanzará con el Gobierno en el desacople y formas alternativas de financiamiento.
“No hay ningún apuro para la implementación por más que algunos quieran ver un conflicto en esto: que el Gobierno le saca a la Iglesia o que la Iglesia renuncia. No hay nada de eso, es una relación totalmente amistosa en torno a este tema y lo estamos trabajando seriamente”, dijo Abriani en declaraciones a la agencia Télam.
El funcionario consideró como “un paso importante y positivo que se haya llegado a un consenso dentro del Episcopado” la decisión de la Conferencia Episcopal y señaló que se está trabajando en la definición de las alternativas de financiamiento que se aplicarán y en “generar el marco legal para poder aplicarlas”.
“No hay plazos ni términos de inicio. Por eso están garantizados los mismos fondos para el año que viene e incluso para el otro”, puntualizó. De las conversaciones con representantes de la Iglesia, que se iniciaron en agosto participan la secretaría de Culto y la jefatura de Gabinete.
Precisó que “evaluamos varias alternativas, como los modelos de países como Italia, España y Alemania, pero se descartaron porque están basadas en el impuesto a las Ganancias, lo que acá limitaría mucho el universo de los aportantes”.
En total ya se mantuvieron unas cinco reuniones en las se comenzaron a definir las alternativas que se aplicarán, pese a que todavía no se había anunciado la creación de una comisión eclesiástica.
“Una vez que estén funcionando (los nuevos mecanismos de financiamiento) hay que ver si son efectivos o no y recién ahí veremos en qué momento y gradualmente la Iglesia empieza a resignar el sostenimiento”, añadió.
Aclaró que “lo que se busca es un cambio de paradigma: pasar de la idea de que el Estado sostiene a la Iglesia al hecho de que el Estado genere los mecanismos o condiciones para que los fieles sostengan a los cultos”, remarcó.
El sostenimiento implica las asignaciones a los obispados (unos 45 mil pesos mensuales), a los seminaristas y las parroquias de frontera, pero no contempla el aporte a la colegios católicos.
“No implica un subsidio a los colegios católicos porque es un aporte a la educación en general (a todas las religiones y a colegios laicos) como bien público que hay que proteger”, subrayó.
Tampoco implica un corte en los recursos que el Estado destina a organizaciones como Cáritas para la implementación de programas sociales.