Treinta años pasaron sin que haya cambios en la ley de alquileres, y se entiende por qué. Con envión del presidente Mauricio Macri, pese a las visiones opuestas y los intereses
cruzados el 2018 parecía destinado a avanzar con el tema, pero todo indica que tampoco habrá nueva ley este año. En Diputados, sin embargo, quienes impulsan la ley apuntan sus cañones a que sea tratada en la sesión del próximo miércoles 21, probablemente la última del año en la Cámara baja.
“Estamos trabajando para hacer cambios en el recinto, que mantienen la base del dictamen pero buscan asegurar el consenso para que la ley salga”, señaló a Clarín el macrista Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General.
La semana próxima será decisiva para ratificar si el tema es incluido dentro del temario del 21. Lipovetzky sostuvo que el asunto está firme, pero otras fuentes de Cambiemos sembraron dudas.
“Alquileres fue otro fallido de Macri. No debió haber dicho nada”, expresó una fuente de la UCR que afirma que el asunto “sigue verde”. “Hay mucho lobby de las inmobiliarias”, reconoció otro diputado oficialista.
El 21 en Diputados se dará sanción a dos leyes que el Senado tratará este próximo miércoles: la modificación a Bienes Personales para dejar fuera del alcance del tributo a la casa habitación hasta $18 millones; y la rebaja del impuesto especial al patrimonio de mutuales y cooperativas. En la UCR avisan que insistirán con su proyecto para que el Poder Judicial empiece a tributar Ganancias.
Alquileres puja por estar en el recinto. Pero aún si obtiene media sanción, se ve muy difícil que el Senado la trate antes de fin de año. La Cámara alta bajaría la persiana el 14, tras sancionar el Presupuesto.
El peronismo de Argentina Federal tampoco cerró filas en Diputados con la iniciativa. “Estamos haciendo modificaciones y tratando de tener consenso. El bloque está dividido por ahora pero todavía no hablamos en profundidad”, indicó a Clarín el justicialista salteño Javier David.
Diputados retomó un proyecto de la senadora rionegrina Silvina García Larraburu, que fue aprobado por unanimidad hace dos años. Si Diputados no lo trata antes del 30 de noviembre perderá estado parlamentario.
A ese proyecto se le hicieron muchos cambios, y otros se siguen negociando aún ahora, después del dictamen. Todo en un contexto de fuertes presiones de las asociaciones de martilleros e inmobiliarias de la Ciudad y la Provincia, que amenazan con frenar la ley con medidas cautelares, si es sancionada, y advierten que tendrá un impacto negativo en la actividad.
La iniciativa establece que los alquileres pasen a durar tres años, en lugar de dos.
En cuanto a la garantía, el propietario podrá elegir entre dos de las cinco opciones que se estipulan -como recibos de sueldo, avales bancarios o seguros de caución.
Las comisiones estarán a cargo del propietario pero no se fija un tope sino que queda librado a lo que establecen las legislaciones provinciales.
Sobre el desalojo, la norma no fija otra pauta de que sea a través del procedimiento más ágil que establezcan las legislaciones locales.
La registración ante la AFIP no sería obligatoria, para evitar que resulte un obstáculo en la oferta de propiedades en alquiler.
Otro punto polémico es el ajuste del valor del alquiler. El proyecto dice que se hará por el promedio del índice de salarios y la inflación. Los privados pidieron que se adoptara la UVA. El oficialismo estaría dispuesto, pero esa opción ya fue rechazada por los bloques opositores en ambas cámaras.