La Iglesia acordó hoy “el reemplazo gradual de los aportes del Estado por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles”, y conformó una comisión que trabajará
en la creación de un fondo solidario, además de continuar en diálogo con el Gobierno nacional para consensuar “diversas alternativas que facilitarán” el traspaso de una modalidad a la otra.
Así lo informó esta tarde la oficina de prensa de la Confederación Episcopal Argentina (CEA) al término de cinco días de deliberaciones de los obispos de todo el país, que se reunieron en la casa de retiros El Cenáculo, de Pilar, encabezados por el titular del cuerpo y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea.
La postura de las máximas autoridades de la Iglesia en el país va en sintonía con lo que expuso en la mañana de este viernes el Papa Francisco, quien sostuvo que “la mantienen los fieles”.
El avance hacia la renuncia de la Iglesia al aporte del Estado –establecido en la Constitución Nacional- cobró fuerza en medio del debate por la legalización del aborto, cuando se alzaron voces a favor de la “separación” Iglesia-Estado, lo que derivó en la creación de una comisión Gobierno-Episcopado para estudiar el tema.
En base al artículo 2 de la Constitución y a un decreto de 1979, los obispos reciben una asignación mensual que hoy promedia los 40 mil pesos, mientras que los párrocos de frontera y los seminaristas menores reciben una pequeña ayuda. Ello implica para este año una erogación del Estado de poco más de 130 millones de pesos, alrededor del 7 % del presupuesto de la Iglesia católica, o sea, de los 65 obispados en que se divide eclesialmente el país.
El presidente Mauricio Macri y monseñor José María Arancedo, en 2016. Foto: Presidencia de la Nación.
Ese aporte quedó en el ojo de la tormenta, pero la Iglesia se opuso férreamente. Sobre todo, cuando en uno de sus habituales informes ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló la cifra de esa contribución ante un pedido de la diputada Carla Carrizo, de Evolución. Para los obispos aquello fue una maniobra distractiva del Gobierno, al igual que la habilitación del proyecto sobre el aborto.
“Los obispos reunidos en la 116° Asamblea Plenaria han confirmado aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado (asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera), por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común (Hechos de los Apóstoles 2,44)”, dice el comunicado difundido este viernes por la CEA.
Asimismo, la CEA informó que se creó una comisión episcopal para el “sostenimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia”, que trabajará en la “creación de un fondo solidario y la continuidad del diálogo con el gobierno nacional, consensuando diversas alternativas que facilitarán este reemplazo”.
De esta manera, queda confirmado por el plenario de obispos el cambio al actual sistema de sostenimiento de culto que la Iglesia venía estudiando hace meses en diálogo con el Estado nacional, bajo un estricto hermetismo.
En la última reunión de la comisión permanente, en agosto, los obispos recibieron un informe del grupo que integran representantes de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Culto y la CEA que se estaba encargando de analizar alternativas al actual sistema.
Se acordó entonces seguir profundizando esas alternativas y estudiar propuestas, con “el fin de ir resignando de manera gradual las asignaciones que reciben los obispos de parte del Estado nacional”, según se informó en ese momento.
En las últimas semanas, la comisión ejecutiva del Episcopado convocó a los ecónomos de todas las diócesis argentinas, con quienes se analizó los futuros cambios en el sistema que viene estudiando una comisión integrada por el padre Guillermo Caride, Hernán San Juan y el contador Oscar Gómez, por parte de la CEA.
En marzo, el tema originó un caluroso debate cuando -en momentos en que se empezaba a instalar el tema de la legalización del aborto- el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó en el Congreso que el presupuesto destinado a la Iglesia católica en 2018 ascendía a 130 millones de pesos.
Fuente: Clarín y Telam.