Así, la Sala VIII de la Cámara ratificó hoy el fallo de primera instancia que se opuso a la reinstalación de Carlos Francisco Mercurio a la empresa
Al evaluar las pruebas producidas, el tribunal concluyó que “el demandante no llegó a postularse” como representante gremial y, por lo tanto, “su objetivo sólo quedó en una mera intención, quedó trunco”.
El tribunal señaló que el despedido ni siquiera firmó una impugnación ante el Ministerio de Trabajo de una lista de postulantes a delegados gremiales en la empresa, por lo que en la causa no existen elementos que permitan inferir que la demandada sabía de las intenciones de Mercurio.
Los camaristas María González y Víctor Pesino afirmaron que, así, el dependiente “mal podría haber sido víctima de un despido teñido de discriminación” y como “el demandante no se encontraba amparado por tutela sindical alguna, tampoco correspondería considerar una reinstalación”.
Con cita de jurisprudencia los camaristas agregaron que “quien alega la existencia de un motivo discriminatorio debe mostrar verosímilmente que estaba llevando a cabo una actividad protegida por las normas que invoca”.
González y Pesino destacaron que “en el caso de la ley 23.592, el interesado debe acreditar de modo verosímil que el tipo de actividad desarrollada cuenta como una opinión gremial” a los fines de dicha norma.
Aunque no se discutió la indemnización por despido, el tribunal rechazó, por insuficientes y contradictorias las pruebas producidas sobre tal rubro, al reclamo de horas extraordinarias que Mercurio aseguró haber trabajado e impagas al momento de la desvinculación.