El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ratificó y amplió ayer la denuncia penal para que se investiguen los disturbios callejeros durante el tratamiento del presupuesto 2019 en
el Congreso hace dos semanas, y aportó fotos y notas periodísticas para demostrar la participación de varios diputados en algunos momentos dela protesta. La investigación quedó en manos del fiscal federal Guillermo Marijuan.
“Quisiera hacer una ampliación de la denuncia, estrictamente para que se investigue la participación de diputados de la Nación en la operatoria que se denuncia”, explica el titular del Colegio Guillermo Lipera en el texto que entregó ayer ante la fiscalía. Entre los documentos que aportó para que sean investigados, Lipera adjuntó dos notas de Clarín y La Nación referidas a los hechos de ese miércoles 24 de octubre en las inmediaciones del Congreso nacional, y una imagen publicada por este diario como parte de una fotogalería.
En esa foto se ve a los diputados Máximo Kirchner, Agustín Rossi, Andrés “Cuervo” Larroque. Mayra Mendoza y Roberto Salvarezza, entre otros legisladores y militantes cercanos al kirchnerismo, encabezando una columna de manifestantes. En la escena no se ven actos de violencia.
Otra de las crónicas periodísticas incorporadas a la denuncia dice en su título que “Diputados kirchneristas frenaron un camión hidrante”, y explica que “entre los legisladores que frenaron el vehículo de las fuerzas de seguridad estuvieron Andrés “Cuervo” Larroque, Carlos Castagneto y Luana Volnovich.” Unos párrafos más abajo, la nota consigna que “en otro video, difundido por el Partido Obrero, se puede ver a otro grupo de diputados enfrentarse a la Policía cuando intentaban cruzar el vallado que rodea al Congreso para ir hasta el lugar de los incidentes”.
Fuentes de la fiscalía confirmaron a Clarín que ayer mismo se libraron oficios a los canales de noticias para pedir las imágenes de la cobertura en el Congreso durante toda la jornada en que se discutió el presupuesto 2019 en Diputados, y también se solicitó al gobierno porteño que informen quiénes eran los policías que estuvieron a cargo del procedimiento antidisturbios ese día.
La denuncia presentada el lunes pasado por Lipera como representante del Colegio de Abogados ponía el eje en el confuso rol de los diputados opositores tanto dentro como afuera del recinto. “Las imágenes permiten acreditar, de parte de ajenos al debate, y también por legisladores en funciones, la intención de impedir o perturbar el orden de la sesión por la ley de presupuesto”, alertaba la presentación, que por sorteo cayó en manos del juez Sebastián Ramos.
El magistrado delegó la investigación en el fiscal Marijuan, quien ayer recibió la ampliación de la denuncia y ordenó las primeras medidas de prueba antes de considerar si impulsará o no una investigación penal.
“Las imágenes recogidas por los medios televisivos presentes en el lugar, y que fueran reiteradas en el día siguiente, son claramente demostrativas de la perpetración de las figuras penales descriptas”, dijo Lipera en su denuncia sobre los hechos ocurridos fuera del Congreso y que él ubicó dentro de la órbita del artículo 226 del Código Penal, que reprime con hasta quince años de cárcel a quien intentare “arrancarle alguna medida o concesión” a algún poder público como lo es la Cámara de Diputados, “o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales”, como efectivamente sucedió en la sesión del miércoles 24 de octubre.
“En efecto, la planificada operatoria, que nos muestra la utilización de armas propias e impropias, como son las bombas molotov, gomeras y todo tipo de objetos contundentes, estaba destinada a impedir el ejercicio de funciones constitucionales del Poder Legislativo”, subrayaba la denuncia.
Mientras el Senado se apresta a tratar la media sanción de Diputados al presupuesto, la semana pasada comenzaron a declarar ante la justicia las 26 personas detenidas durante los incidentes callejeros.