La devaluación del peso frente al dólar provocó aumentos inéditos en los subsidios energéticos. La estatal Enarsa ( rebautizada IEASA) demandó $ 2.000 millones para pagar gas importado en septiembre, lo
que representa un crecimiento del 500% con respecto al dinero para ese fin usado durante el mismo mes de 2017. Entre enero y septiembre, la ex Enarsa requirió $ 32.255 millones, lo que representa una suba del 265% con respecto al gasto de esa firma en 2017.
Cammesa, que es la empresa mayorista del sector eléctrico, también importa gas, que se destina a la generación eléctrica. Por ambas razones, entre enero y septiembre ya gastó $ 66.100 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 61%: son $ 25.000 millones más que en 2017.
Los subsidios económicos llegaron a $ 185.505 millones hasta septiembre, una suba del 27% con respecto a 2017.
El sector energético es el mayor destinatario de las subvenciones estatales de caracter económico, según un informe del instituto Asap. Recibió $ 115.865 millones, un 36% más que en 2017. Los subsidios al transporte acumulan $ 62.404 millones, un 15% más que en 2017.
En las partidas para Energía, hay menos plata para la producción local y más para pagar gastos en el extranjero. Los “incentivos a la producción de gas natural” alcanzaron los $ 8.920 millones hasta septiembre, un 61% menos que en 2016. En cambio, crecieron los presupuestos para la ex Enarsa y Cammesa, que tienen que importar.
Los números parecen corroborar lo que dicen algunos productores de gas, con respecto a la polémica por las “compensaciones” en las tarifas. Se está pagando el doble o triple cuando se lo importa que cuando se lo produce en el país.
En el transporte, las asignaciones para colectivos fueron de $ 37.500 millones, un 19% más que en 2017, mientras que para ferrocarriles se destinaron $ 24.869 millones.
“Las transferencias para el financiamiento de gastos de capital de empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado presentaron una caída del orden del 44,1% interanual”, define Asap. Se ejecutaron $15.536 millones, repartidos entre las asignaciones para el sector energético ($8.712 millones), el transporte ($4.341 millones destinados al sector ferroviario), y a otras empresas públicas ($ 2.384 millones).
La ex Enarsa y Nucleoeléctrica son las que sufren un recorte de hasta un 50% en su presupuesto. También caen 36% las inversiones en infraestructura de trenes.