La sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó que la conocida ONG Poder Ciudadano puede participar como querellante en una causa por presunta corrupción con fondos públicos aunque
los derechos humanos involucrados en el caso no tengan que ver con delitos de lesa humanidad.
La participación de la ONG en el proceso había sido objetada por algunos de los denunciados en base a que, según su interpretación, la ley respectiva sólo habla de delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos pero no casos de corrupción.
Se trata de un importante precedente para otras causas de corrupción en las que ONGs puedan ser parte, acusar y pedir medidas de prueba, según estimaron fuentes judiciales que mencionaron conocidos escándalos como el de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, por ejemplo.
El juez Ernesto Kreplak y ahora los camaristas Roberto Lemos Arias y Olga Calitri, en un fallo firmado la semana pasada y al que Clarín tuvo acceso, convalidaron que la ONG sea querellante en base a que el delito investigado -una defraudación con fondos públicos para controlar el alcance de planes sociales durante el kirchnerismo- puede constituir una afectación a derechos humanos.
Para ello tanto el juez como los camaristas tuvieron en cuenta el estatuto de Poder Ciudadano, que entre los fines de la institución se encuentran los de “trabajar por una mayor eficiencia e independencia de la Justicia apoyando la vigencia del orden jurídico y de la administración de justicia e impulsando un mecanismo de controlar cívico para defensa de estos objetivos y la vigencia de las instituciones republicanas”.
En su voto, al que adhirió su colega Calitri, el camarista Lemos se pronunció a favor de una interpretación “amplia y progresiva” del texto de la norma objetada por los investigados en la causa, esto es el artículo 82 bis de la ley 26650 que establece la posibilidad de incorporar querellantes particulares a los procesos penales.
En este caso se trata de una de las tantas causas abiertas por presunto desvío de fondos públicos a través de contrataciones de ministerios de los gobiernos kirchneristas con universidades. En este caso, el de Desarrollo Social con la regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
“Sin pretender extenderme en un listado de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente, resulta claro que los delitos que retraten conductas contrarias a una correcta y razonable administración del Estado, afectándose la renta nacional de forma espuria, conculcan en forma secundaria derechos humanos tales como la salud, la educación, el acceso a la Justicia, la vivienda digna, etc”, expresó Lemos en su voto.
“Y justamente, entre los objetivos de Poder Ciudadano se encuentran apoyar la plena vigencia del estado de derecho, el cual definitivamente se debilita sin la correspondiente protección de los derechos fundamentales de los habitantes de nuestro país”, añadió el camarista.
En esta causa, Poder Ciudadano acompañó a un denunciante que con identidad reservada dio datos a la Justicia en 2016 sobre un presunto desvío de unos 14 millones de pesos por parte de la regional La Plata de la UTN a través de la contratación “ficticia” de más de 250 consultores “fantasma” para realizar las tareas de control sobre la ejecución de planes de ayuda social nacionales a través del convenio firmado en 2013 con el Ministerio de Desarrollo Social. El principal imputado es el decano de esa casa de estudios, Carlos Fantini, recientemente baleado al llegar a su casa en un ataque que se sospecha relacionado con esta causa.