El paro convocado para el jueves pasado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) obligó al juez en lo Comercial Javier Cosentino a suspender la teleconferencia
prevista para ese día con el detenido empresario Cristóbal López para que diera explicaciones sobre la composición del activo de petrolera Oil Combustibles, declarada este año en quiebra por el magistrado y adquirida recientemente por la estatal YPF.
La medida prevista también para con el socio de López, Carlos Fabián de Sousa, se llevará a cabo el próximo jueves 8, para lo cual el magistrado ya comunicó la novedad al juez federal que ordenó las prisiones preventivas de ambos, Julián Ercolini, al Servicio Penitenciario Federal (SPF), a las otras partes intervinientes en el caso y al “servicio técnico” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que posibilitaría la conexión con los tribunales comerciales de Plaza Lavalle.
López y De Sousa se encuentran detenidos en la cárcel de Ezeiza desde abril pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal revocó un polémico fallo de la Cámara Federal porteña que había ordenado sus excarcelaciones a través de dos jueces que ya no están en esos cargos, Jorge Ballestero, quien renunció tras las críticas, y Eduardo Farah, que pidió y consiguió su traslado a otro tribunal.
Cosentino había convocado a la audiencia con los dos empresarios para que den “las explicaciones que les serán requeridas en pos de determinar la composición del activo de la quebrada”, en alusión a Oil Combustibles, la firma que hace poco menos de una década, durante el kirchnerismo, se había quedado con la refinería de la localidad santafesina de San Lorenzo y una importante red de estaciones de servicio que pertenecían a la estatal brasileña Petrobras.
Ahora esos activos pasaron a manos de YPF en sociedad con la firma Destilería Argentina de Petróleo Sociedad Anónima (DAPSA), que ya venían administrando provisoriamente la empresa e igualaron la oferta de 85 millones de dólares que había realizado la petrolera de origen holandés Trafigura en el remate ordenado por la Justicia tras la declaración de quiebra de Oil Combustibles.
La empresa de López y De Sousa se había presentado en concurso de acreedores a los pocos meses del inicio del gobierno de Mauricio Macri y tras la retirada del poder del kirchnerismo, con el que ambos se expandieron exponencialmente a través del llamado Grupo Indalo.
El principal acreedor de Oil era la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por retenciones no derivadas del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) por excepcionales planes de pago logrados durante la gestión de Ricardo Echegaray al frente del organismo recaudador. La firma llegó a acumular una deuda de 8 mil millones de pesos que la AFIP ahora logrará recuperar parcialmente.