La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de sus cinco ministros, desestimó por cuestiones formales un recurso de uno de los ex funcionarios procesados en la causa
por el tráfico de efedrina durante el gobierno kirchnerista que había denunciado a la jueza federal que lo había investigado, María Servini, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales.
Se trata de Gabriel Abboud, ex director de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) en ese entonces a cargo de José Granero. Ambos serán juzgados en los próximos meses bajo la acusación de haber facilitado el desvío de precursores químicos importados para la confección de drogas ilegales de diseño sintético, junto con otros acusados como Ibar Esteban Pérez Corradi, detenido en la zona de la triple frontera aledaña a Puerto Iguazú dos años atrás.
Abboud había denunciado a Servini por presunta “violación de secretos” relacionados con la causa y hasta motivó el apartamiento de la magistrada a cargo de ese caso por considerarse ella misma víctima de un “hostigamiento” por parte del ex funcionario que le podría generar una pérdida de imparcialidad para seguir ecuánimemente al frente del expediente.
La causa fue elevada finalmente a juicio por su colega Sergio Torres, en una medida recientemente confirmada por la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó un planteo de Abboud y de otro ex funcionario involucrado. El escándalo de la importación de efedrina -que alcanzó a la campaña electoral 2007 de la ex presidenta Cristina Fernández y hasta estuvo relacionado con el recordado triple crimen de tres empresarios en General Rodríguez- espera su juzgamiento por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4).
Sin intervenir en el fondo del asunto, la Corte, por unanimidad, desestimó el recurso de la defensa de Abboud, ejercida por el abogado Francisco D’Albora (hijo) por no haber cumplido con los requisitos formales exigidos por el máximo tribunal a través de una acordada firmada en 2007 en la que se le puso parámetros al formato de los recursos que se presentan a su estudio.