A 10 días de los incidentes en la zona de Congreso, empezaron a declarar las 26 personas detenidas. Entre ellos, se encuentran los cuatro extranjeros que el Gobierno y parte de
la oposición pidieron deportar “lo antes posible”.
Según pudo saber Clarín, los involucrados comenzaron a desfilar por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, el jueves por la mañana. Continuarán declarandodurante este viernes y el lunes de la semana que viene.
La acusación de los supuestos delitos es por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daños. Parte de los 26 sospechosos fueron detenidos en los alrededores del Congreso, mientras que otra decena de manifestantes fue detenida en la zona de Carlos Calvo y 9 de Julio -a unas 15 cuadras del Congreso- donde tras los enfrentamientos con la policía se habían replegado varias columnas y organizaciones.
Tras estar demorados durante varias horas en la Comisaría 10 de Floresta, fueron puestos en libertad durante la madrugada del día siguiente. Y esta semana empezaron a declarar.
Entre los detenidos se encuentran dos venezolanos con radicación temporaria. También un ciudadano turco y uno paraguayo, ambos con radicaciones permanentes y familiares directos (esposa e hijos) argentinos.
El gobierno, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, había manifestado su intención de que sean “deportados lo antes posible“. A ese pedido se sumó el jefe de la bancada del PJ en el Senado, Miguel Angel Pichetto: “Espero que ya estén en el departamento de migraciones listos para la salida del país. Un país serio debería actuar así“, declaró.
A raíz de estos episodios, tal como adelantó Clarín, el Gobierno busca trabajar en un proyecto en conjunto con la oposición para reunir consenso e impulsar una reforma migratoria integral que endurezca los controles. Mauricio Macri había intentado llevar adelante esa iniciativa por decreto, pero este fue suspendido por la Justicia.
Consultados por Clarín, en Migraciones señalaron que hasta que no surja una imputación penal concreta por parte de la Justicia ellos no pueden intervenir. Igualmente, por los trascendidos de los medios, la cartera actúo de oficio y judicializó los expedientes.