Dos funcionarios de los gobiernos de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá en la provincia de San Luis fueron condenados anoche a cumplir cinco años de prisión y diez de
inhabilitación para desempeñarse en administración estatal alguna por el viejo episodio de hace casi tres lustros de hacerle firmar su renuncia en blanco a una jueza recién designada y que finalmente terminó fuera del cargo por oponerse a los designios políticos del poder local de turno.Por Lucio Fernández Moores
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Se trata de Sergio Freixes, actual ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción del gobierno puntano, y de Mario Zavala, asesor jurídico en el Instituto de Seguridad Pública, el organismo que capacita a los policías provinciales. Ambos se desempeñaban en 2004 en el Ministerio de la Legalidad del gobierno de la provincia de San Luis cuando ocurrió la coacción por la que fueron hallados culpables y condenados en perjuicio de Marina Ziliotto, aunque hubo otros casos de magistrados afectados, según la denuncia presentada en su momento por la actual miembro del tribunal oral federal puntano Gretel Diamante, por entonces fiscal provincial en Villa Mercedes.
La condena fue dictada por los jueces Alejandro Piña, Paula Marisi y Roberto Naciff, los tres de los dos tribunales orales federales de la vecina provincia de Mendoza, y fue calificada como algo “histórico” en la provincia de San Luis por Diamante, jueza titular del tribunal subrogado por sus colegas de la vecina provincia puntana, ante una consulta de Clarín. Diamante fue la denunciante de este caso con el apoyo de la organización Poder Ciudadano y cuando parecía una utopía que casi quince años después se llegara a una condena contra los funcionarios involucrados.
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Tras un largo proceso, el juicio comenzó la semana pasada y Ziliotto y Diamante fueron las principales testigos que ratificaron sus acusaciones contra los dos funcionarios condenados, además de otros que confirmaron las maniobras efectuadas en aquel momento para mantener sometidos a los jueces provinciales al hacerles firmar sus renuncias anticipadas en papeles en blanco a la par que eran designados, según confirmó ante el tribunal una ex jueza que había negado los hechos durante la instrucción de la causa pero cambió de parecer en el juicio, Marta Vallica, según dijeron fuentes judiciales puntanas.
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El escándalo institucional castigado por la Justicia federal seguramente será apelado por Freixes y Zavala para que la Cámara Federal de Casación Penal revise la sentencia una vez que sean conocidos sus fundamentos. La Fiscalía había pedido siete años de cárcel para ambos acusados pero el tribunal optó por una pena menor, de cinco años, igualmente de ejecución efectiva y no condicional. La misma se ejecutará en caso de ser confirmada por la Casación Federal.
fuenteclarin