El procurador general interino, Eduardo Casal, desistió de un recurso de apelación que había planteado el fiscal de Casación Javier De Luca en favor de la detenida líder de la jujeña
organización social Tupac Amaru, Milagro Sala, en la causa que se le había iniciado por daños y amenazas durante un acto de 2009 en el que participaba el actual gobernador de esa provincia, el radical Gerardo Morales.
De acuerdo con algunas fuentes judiciales, la decisión de Casal, receptada por la Corte, deja firme la condena que se le había impuesto a Sala a cumplir tres años de prisión en suspenso por el delito de daños, pero a la vez dejaría en pie lo resuelto luego por la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de dictar una nueva pena que incluya el delito de amenazas, lo que elevaría la sanción y la convertiría en prisión efectiva.
Sin embargo otras fuentes de los tribunales explicaron que el máximo tribunal aún tiene pendiente de resolución una apelación planteada por la querella del propio Morales y dos más de las defensas de Sala y otros dos condenados en ese juicio. Sala había sido encontrada culpable de haber instigado a los autores de los daños registrados en un acto público en el que participaban otros dirigentes radicales en el centro de la capital jujeña.
Con la firma de sus cinco ministros, el máximo tribunal se remitió e hizo propio el dictamen firmado en marzo pasado por Casal, en el que desistió del recurso planteado por De Luca en adhesión a la defensa de Sala. “Que en atención a lo manifestado por el señor Procurador General de la Nación interino (…) corresponde tener por desistido el recurso de queja deducido. Por ello, se tiene por desistida la queja”, expresaron de manera unánime los cinco jueces de la Corte.
En su dictamen, al que Clarín tuvo acceso, Casal había cuestionado que De Luca -un funcionario inferior suyo en la escala jerárquica del Ministerio Público Fiscal (MPF)- había introducido cuestiones que no habían sido planteadas antes del inicio del juicio a la líder de la Tupac Amaru, también acusada en otra causa en su provincia por presunto delito en el manejo de multimillonarios fondos nacionales para la construcción de viviendas sociales.