La pulseada por la aprobación de la Ley de Alquileres, que en noviembre de 2016 contó con el apoyo unánime del Senado y la semana pasada logró dictamen en Diputados por
lo que podría ser tratada en unos días, sumó otro round.
El texto estuvo congelado casi dos años y hace unos meses, Cambiemos activó el debate, convocó a las asociaciones de inquilinos y se consensuó un proyecto que está listo para su tratamiento. Una fecha posible es el 7 de noviembre.
Pero en medio, los grupos inmobiliarios elevaron, durante una reunión con el secretario de Vivienda Iván Kern y diputados del PRO, una serie de quejas y pedidos de modificación del texto que avanza en el Congreso.
En estas horas, se produjo otro movimiento: las asociaciones de inquilinos, en su cruzada para lograr que el proyecto se trate y no pierda estado parlamentario -que es, dicen, lo que quieren los grupos inmobiliarios- lanzaron una campaña pública para sumar apoyos a la iniciativa.
De ese modo, Inquilinos Agrupados, una de las organizaciones más activas en el proyecto, junto las firmas de apoyo de más de 300 personales de DDHH, el deporte, organizaciones sociales, y legisladores de distintos espacios.
“Los inquilinos estamos ante la oportunidad histórica de lograr que se apruebe una ley que ponga límites a la voracidad y la avaricia de un grupo concentrado de empresarios de la vivienda” detalla un informe de la entidad y denuncia “un feroz lobby de ocho empresarios inmobiliarios que pretenden paralizar cualquier discusión sobre el tema”.
Entre los firmantes figuran Adolfo Pérez Esquivel, el presidente de San Lorenzo Matías Lammens, el dirigente Juan Grabois, los Curas de Opción por los Pobres, Gustavo Vera y Marta Dillon, una de las fundadores de Ni Una Menos.
Hay, además, legisladores nacionales y provinciales de todo el país y de distintos partidos: la senadora Silvina García Larraburu, autora del proyecto que se trató en el Senado, es una de las que acompañan el petitorio para que avance la discusión en el Congreso.
La iniciativa cuenta, además, con el respaldo de dirigentes sindicales como Pablo Moyano, Sonia Alesso, Pablo Micheli, Omar Plaini y Daniel Catalano; la ex gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; como así también organizaciones y representantes nacionales, provinciales y municipales de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro, Corrientes, Santa Cruz y Mendoza.
Entre los legisladores firmantes figuran, por ejemplo, el titular del bloque del FpV, Agustín Rossi, el jefe del PJ nacional José Luis Gioja y la rionegrina María Emilia Soria.
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Entre los promotores de la ley, hubo dudas tras la reunión que los empresarios Lorenzo Pepe (Martilleros), Alejandro Bennazar (Inmobiliarias) Claudio Caputo (Escribanos) y José Rozados (Reporte Inmobiliario) tuvieron con funcionarios y legisladores nacionales.
En ese encuentro, según fuentes del sector inmobiliario, el oficialismo habría aceptado una serie de planteos que deberían incorporarse al proyecto. Uno de ellos fue que no sea obligatorio registrar el contrato ante la AFIP, tal como se establece en el proyecto que logró avanzar en la comisión.