Quien es “fan” de Uber y quien jamás se subió a uno de esos autos sabe que la app de transporte privado está en el ojo de la tormenta por su
conflicto con la flota de taxis porteña. También que en la Ciudad de Buenos Aires los conductores piden a los pasajeros que se sienten adelante para evitar ataques de los “caza Uber” . Pero la incógnita ahora es ¿por qué Uber ya funciona de manera oficial en Mendoza y no en Buenos Aires?
Para entender por qué desde este jueves Mendoza es la única provincia del país en la que Uber -al igual que su competencia directa, Cabify- logró la “luz verde”, lo primero a tener en cuenta es que en el resto del país este servicio alternativo no es ilegal, sino que los gobiernos no reglamentaron su funcionamiento. El “vacío legal” sólo puede remediarse a través de una legislación.
Una de las versiones es que la aceptación mendocina tendría que ver con una supuesta debilidad de sus gremios de taxistas frente a la fortaleza de sus pares porteños. Sin embargo, la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam) resistió hasta último momento -aunque sin el sello violento- la llegada de estas aplicaciones electrónicas y hasta recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir la inconstitucionalidad de la ley provincial que las oficializaba.
“La ley de Movilidad de Mendoza, que reconoce a las apps como una nueva categoría, marca un fuerte contraste con la Ciudad de Buenos Aires, donde ya hubo 3 proyectos de regulación presentados en la legislatura pero faltó interés del gobierno, a pesar de las sentencias del Tribunal Superior y la Corte Suprema Nacional que respaldan esta nueva forma de movilidad”, detallaron a Clarín desde Uber.
La Ley de Movilidad de Mendoza es la primera regulación en la Argentina que reconoce el transporte entre privados a través de plataformas digitales como una nueva categoría, distinta y complementaria a las existentes.
Eso implica que plataformas digitales como Uber y Cabify deben ser “solidariamente responsables” con los prestadores del servicio y deberán tributar impuestos locales, además de tener oficina comercial en Mendoza. Eso se traduce en un impuesto específico y la posibilidad de que los taxistas también puedan usar la aplicación.
Pero la Justicia les falló en contra. Desestimó la acción de amparo en la que señalaban que se perjudicaría su actividad laboral y reafirmaron que no hay una “acción ilegal”. Ahora insisten en pedir un tope de vehículos de plataformas en función de la cantidad de taxis “para no saturar el mercado”.
Así las cosas, ya hay una guerra entre Uber y Cabify para quedarse con la mayor cantidad de choferes. Según datos de Uber, en Mendoza ya hay más de 1.000 “socios conductores” -como los llaman- en distintas instancias de inscripción para ser parte de la flota.
En cambio, Uber jamás se adaptó a las normas vigentes en la Ciudad de Buenos Aires. Lo único que cambió fue que comenzó a pedirle a sus choferes que saquen registro profesional, que se inscriban en el Monotributo y que cuenten con un seguro con cobertura para los pasajeros transportados. Pero el Gobierno porteño sigue considerando que el servicio es ilegal.
La Justicia porteña le frenó el cobro con tarjetas de crédito, intentó bloquearle la aplicación e investiga a la empresa por evasión impositiva. Aún así, cada vez hay más usuarios.
“En Mendoza fue el gobierno el impulsor y quedó demostrado que con voluntad política se puede debatir una nueva movilidad. Esperamos que sea un ejemplo, para la Ciudad de Buenos Aires y las grandes ciudades del país que quieran brindar más y mejores opciones a la gente. Mientras tanto, nosotros avanzamos. Ese es nuestro compromiso”, sentenciaron desde Uber.
Lo último, pero no menos importante, es el argumento fuerte con el que Uber se defiende en todas las ciudades que buscan su prohibición. “Somos una empresa de tecnología que conecta a conductores con personas que necesitan trasladarse. Y no una empresa de transporte.”