En 2016 en anterior director de la AFIP, Alberto Abad, suspendió la aplicación del artículo 32 de la Ley de Procedimiento que le permite otorgar discrecionalmente planes especiales de pago a
contribuyentes que mantienen deudas millonarias con el Fisco. La decisión la tomó después de comprobar que su antecesor Ricardo Echegaray había otorgado entre 2010 y 2015 un total de 1.530 planes de pago “a medida” por un total de $ 29.800 millones. Resulta que en el extenso listado de firmas beneficiadas no sólo se encontraba Oil Combustibles SA -la petrolera de Cristóbal López-, sino que el actual titular del organismo recaudador, informó al juez Claudio Bonadio que tres empresas de las investigadas por pagar sobornos también fueron beneficiadas con dicho artículo: IECSA (en aquel momento de Ángelo Calcaterra), Electroingeniería y Roggio.
Desde inicios de 2016 la AFIP dejó de dar curso a las solicitudes o trámites iniciados por los contribuyentes con deudas para requerir que se les conceda el artículo 32 de la ley 11.683. Ese artículo de la Ley de Procedimiento Fiscal es el mismo que Echegaray utilizó para conceder en 2010 un plan de facilidades de pago a la imprenta Ciccone, medida que le significó quedar imputado en la causa que tiene como procesado al ex vicepresidente Amado Boudou. Fue el mismo beneficio que recibió Cristóbal López para acumular una millonaria deuda con el Estado mientras financiaba su conglomerado empresarial.
Este articulado otorgaba discrecionalidad al Administrador Federal de Ingresos Públicos, por el cual ante determinados pedidos “podía dar planes de pago hasta 150 cuotas y con tasas de interés muy bajas”, explicaron fuentes oficiales a Clarín. Bajo dicho artículo, la actual gestión encontró muchos planes y por mucha plata.
En la AFIP rige el secreto fiscal, de manera que es imposible saber quiénes fueron los 1.530 casos que se beneficiaron con los planes “a medida”. Excepto, como se supo la imprenta Ciccone, ya que el caso cobró estado público desde que está en manos de la Justicia.
Entre 2010 y 2015 hubo planes de este tipo para empresas de la construcción, laboratorios, transporte de pasajeros, medios de comunicación y hasta clubes de fútbol. Entre esas empresas hubo tres que fueron informadas al juez Claudio Bonadio en el marco de la causa que investiga la estructura que funcionó desde el extinto ministerio de Planificación Federal y que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales que pagaban compañías contratistas del Estado.
Según pudo saber Clarín, al juzgado ya ingresaron las declaraciones de bienes de los empresarios investigados en el expedientes, como también los movimientos contables de las empresas involucradas en determinados períodos: es decir, aquellos en los que habrían realizados los pagos para ver si además, hubo “evasión fiscal o alguna maniobra de lavado”, indicaron fuentes judiciales.
Entre la información proporcionada, el juez recibió el detalle de tres firmas: IECSA (que perteneció a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), Electroingeniería (de Gerardo Ferreyra) y Roggio (de Aldo Roggio). Las tres fueron beneficiadas con el Artículo 32 otorgado por Echegaray.
“Mientras estas empresas pagaban sobornos al Estado, el mismo Gobierno desde la AFIP les facilitaba el pago de deudas millonarias con este plan discrecional”, explicó una fuente de la causa a Clarín.
Ángelo Calcaterra está acusado de haber pagado coimas por 9.050.000 dólares, mientras que Electroingeniería está señalada por el pago de 11 millones de dólares. En tanto a Roggio, el juzgado le atribuye al menos cuatro entregas de bolsos con dinero sin especificar suma.