El proyecto de ley de Alquileres que se está discutiendo en el Congreso y que ya cuenta con dictamen de la Cámara de Diputados sigue generando fuertes disputas. Atento a las
quejas del sector privado (martilleros, corredores inmobiliarios, escribanos, desarrolladores, propietarios) se organizó este lunes una reunión en la secretaría de Vivienda, donde por el oficialismo estuvieron Ivan Kerr, secretario de Vivienda, el titular del instituto de la vivienda porteño, Juan Maquieyra y el diputado Daniel Lipovetzky.
Por el sector privado fueron Lorenzo Pepe (Martilleros), Alejandro Bennazar (Inmobiliarias) Claudio Caputo (Escribanos) y José Rozados (Reporte Inmobiliario).
Desde los funcionarios y legisladores oficialistas, se aceptó incorporar al debate parlamentario una parte de los reclamos, en tanto otras, si bien no fueron rechazados de plano, no tendrían cabida en el texto final.
En verdad, el proyecto original fue gestado en el Senado por la oposición, y sufrió modificaciones en la Cámara Baja que obligan a que el proyecto vuelva al Senado tras la media sanción.
Hubo avances en algunos temas y en otros no se lograron acercar posiciones, según pudo saber este diario.
Qué se aceptó incorporar al debate:
– Que el propietario se reserve el derecho de exigir garantías reales al posible inquilino. Hasta ahora, el proyecto decía que con recibos de sueldo y algún seguro de caución alcanzaba.
– Que los corredores inmobiliarios puedan cobrar comisiones si quien requiere el servicio de búsqueda de un inmueble es el inquilino.
– Que no se fijen topes a la comisión que el inmobiliario le cobre al propietario.
– Reducir el monto mensual a partir del cual los contratos quedarán exceptuados de ajustarse a esta futura ley. En el dictamen aprobado figura un tope de 3.000 UVAs al mes ($82.590 al valor de ayer) para los alquileres de vivienda. Pero se lo bajaría a $30.000. Esto quiere decir que los contratos con valores mensuales superiores a $ 30.000 podría acordarse según los usos y costumbres actuales.
– Que no sea obligatorio registrar el contrato ante la AFIP.
Los reclamos que no tuvieron mucha recepción:
– La duración de los contratos. Se mantendrá que se lleve el plazo mínimo a tres años desde los dos años actuales. Es un requerimiento muy criticado, como lo reflejó este diario en su edición de este Domingo. Los que se oponen a un contrato más largo argumentan que encarece el alquiler, incrementa la inseguridad jurídica y puede derivar en una menor oferta de propiedades.
– El ajuste se hará por el promedio del índice de salarios e IPC. Los privados pidieron que se adoptara la UVA. En verdad, el oficialismo estaría dispuesto a aceptar la UVA, pero esa opción ya fue rechazada por los bloques opositores, tanto en el Senado como en Diputados.
– Los privados volvieron a reclamar que se establezca una normativa más ágil a la hora de cursar los juicios por desalojo. Todos coincidieron en que sería un gran paso para darle más seguridad jurídica a estos contratos. Pero no se avizoran novedades en este tema.
A modo de resumen, en la secretaría de Vivienda señalaron que se logró construir un borrador que baje las barreras de acceso al locatario, dándole seguridad jurídica al locador y reconociendo los derechos de los corredores inmobiliarios en el cobro de honorarios por los servicios prestados a los propietarios, y a los inquilinos en el caso que se lo encarguen.
Ante el apoyo general de ambas partes a las mejoras propuestas articulo por articulo, se logró construir un borrador que baje las barreras de acceso al locatario, dándole seguridad jurídica al locador y reconociendo los derechos de los corredores inmobiliarios en el cobro de honorarios por los servicios prestados a los propietarios, y a los inquilinos en el caso que se lo encarguen.
En cualquier caso, los cambios que lleve el oficialismo deberán ser aceptados por la oposición. Valga recordar que el bloque de Cambiemos no tiene mayoría propia en la Cámara Baja.