El Gobierno entiende que no debe prosperar la impugnación ante la Justicia que desde distintos sectores hicieron a la resolución que emitió el secretario de Energía Javier Iguacel y que prevé
un pago retroactivo de la tarifa de gas, debido a la devaluación.
Así lo indicó el ministro de Justicia Germán Garavano, quien señaló que la medida “no es ilegal ni inconstitucional”, aunque advirtió que “es un tema que deberá evaluar la Justicia”.
“Lo que dicta (Iguacel) es una resolución en la que instruye el Enargas para que aplique el marco regulatorio que se dictó en la época del presidente (Carlos) Menem y que ningún gobierno modificó. Es un tema que deberá evaluar la Justicia”, indicó Garavano al término de la reunión de Gabinete que el Presidente encabezó esta mañana.
Más allá de que primero se excusó de sentar su posición (“No me corresponde a mí evaluar”, dijo), ya que insistió en que “se han hecho presentaciones y será la Justicia la que termine resolviendo”, Garavano expuso que para el Gobierno no hay discusión: “Yo entiendo que no es ilegal ni inconstitucional. Es un marco regulatorio que está vigente hace muchísimos años, que todos los gobiernos mantuvieron y es algo sobre lo que se expresará la Justicia”, consideró.
En ese sentido, el ministro recordó que la medida dependió en última instancia de el Enargas, “que es un ente autónomo, cuyo directorio ha sido integrado por concurso por expertos de distinta militancia política y que han trabajado en distintas gestiones”.