La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó este jueves el procesamiento con prisión preventiva de la diputada nacional por Cambiemos Aída Ayala, del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales
de Resistencia, Jacinto Sampayo, y de todos los imputados en la causa por lavado de activos conocida en Chaco como “Lavado II”.
Los camaristas Rocío Alcalá, María Delfina Denogens y Eduardo Belforte ratificaron el procesamiento de Ayala por cinco delitos: negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos.
Para la justicia, mientras fue intendenta de la capital provincial por el radicalismo (entre 2003 y 2015), Ayala habría beneficiado a la firma recolectora de residuos “Pimp SA”, investigada por supuestos delitos de lavado.
La actual diputada -que tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia ocupó la secretaría de Asuntos Municipales del ministerio del Interior- había sido procesada con prisión preventiva en mayo, lo que activó el proceso de desafuero en el Congreso. Pero Ayala pidió una eximición de prisión que le fue concedida por la misma Cámara de Apelaciones que este viernes ratificó el procesamiento con prisión preventiva.
La noticia cae en una semana agitada para el oficialismo, con una escalada de cruces entre Elisa Carrió y el ministro de Justicia Germán Garavano respecto a la conveniencia o no de aplicar prisiones preventivas a ex presidentes, cuando Cristina Kirchner se encamina al segundo pedido de desafuero para ser detenida por la causa de los cuadernos de las coimas si la Cámara Federal porteña confirma el procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadio, y a horas del polémico fallo de la Cámara de Casación que declaró prescripta la causa por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador por la cual ese mismo tribunal había condenado a Carlos Menem a siete años de prisión. Ambos ex presidentes de la Nación hoy son senadores, y su eventual detención depende de un previo desafuero por parte de esa Cámara legislativa.
Ahora es Cambiemos la fuerza política que deberá demostrar su compromiso institucional frente a un pedido de la justicia chaqueña.