Acusado de integrar la llamada megabanda del ex juez César Melazo, Martín Ordoqui está a un paso de convertirse en el primer integrante del Tribunal de Casación bonaerense en enfrentar
un juicio político.
Con el sorteo de los cinco conjueces abogados, quedó constituido el tribunal que deberá analizar la conducta de este magistrado que integró hasta hace 40 días uno de los más altos peldaños de la estructura jurídica y penal bonaerense.
El camarista Martín Manuel Ordoqui no está preso porque tiene fueros como juez.
Ordoqui, que ocupaba el cargo de presidente de la Sala V de Casación, está con una “licencia obligada” dispuesta por la Suprema Corte de Justicia bonaerense después que estallara el escándalo de la organización delictiva que supuestamente dirigía el ex juez Melazo.
Según la causa, la megabanda contaba con sustento judicial para proteger a sus miembros y estaba integrada por policías de alto rango, barrabravas de los clubes de La Plata, ladrones con prontuario y estafadores.
Melazo fue detenido en su chacra de Gorina.
El camarista Ordoqui, un funcionario vinculado al ex jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, tenía a su cargo la revisión final de los incidentes por procesos penales de toda la provincia. En la estructura jurídica, por sobre el Tribunal de Casación, sólo está la Suprema Corte.
El jury
Entre los legisladores electos para juzgar a Ordoqui figura el ex secretario de Seguridad de la Nación del kirchnerismo Sergio Berni, que ahora es senador provincial; y el diputado Mariano Pinedo, hermano del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Cambiemos).
Completan el listado de parlamentarios los diputados por el oficialismo Guillermo Castello, Sandra Paris y el senador de Cambiemos Julio Marcelo Dileo. Los abogados que integrarán el tribunal son Juan Emilio Spinelli, Alicia Cristina Racig, Aníbal Juan Mathis, Fulvio Germán Santarelli y Ricardo Arturo Fabris.
El senador Berni será uno de los conjueces del jury.
Ahora quedan por cumplir los plazos para eventuales impugnaciones o abstenciones y luego el titular de la Suprema Corte Bonaerense, Eduardo Petiggiani, pondrá fecha para la primera audiencia ya que presidirá el juicio político.
Si se llega a esa instancia, sería la primera vez en la historia de la Provincia que un camarista de Casación se sienta en el banco que ocupan los acusados.
Antes, hubo pedidos de jury contra el ex presidente de ese cuerpo Federico Domínguez, pero el magistrado cuestionado falleció antes de que se concretara el juicio.
El ex fiscal Tomás Morán también fue detenido.
También se pidió la destitución de los jueces Benjamín Sal Llargués y Horacio Piombo -luego de un escandaloso fallo donde dejaron en libertad a un hombre acusado de abuso de menores, con prejuicios sobre la víctima- pero ambos renunciaron y se jubilaron.
Esto también podría pasar con Ordoqui: una dimisión. Pero si la presentara debería ser aceptada por María Eugenia Vidal. La gobernadora bonaerense, en ese caso, también podría rechazarla para que el juicio siga su curso.
La acusación contra el juez
Ordoqui aparece mencionado como uno de los “facilitadores” en el Poder Judicial para conseguir beneficios procesales a miembros de la organización que, por más de 10 años, se dedicó a robar, proteger ladrones y estafar en la región capital.
El ex fiscal del fuero platense Tomás Morán también está detenido por una derivación de este proceso que conmociona a la Justicia de la capital de la provincia.
Adrián Oscar “Kichua” Manes (47) está acusado de haber asesinado a otro miembro de la banda del ex juez.
El ex juez Melazo quedó procesado la semana pasada. Estará con prisión preventiva, según confirmó la jueza de garantías Florencia Butiérrez, a pedido la fiscal Betina Lacki, quien lleva adelante todo la investigación.
Ordoqui no quedó preso porque tiene fueros como juez. Pero allanaron una propiedad de su hermano; procesaron a una relatora de su oficina y secuestraron computadoras de los despachos de Casación.
En menos de un mes, podría estar sentado frente a un jurado de enjuiciamiento que podría resolver, primero la suspensión en el cargo y, luego, su destitución.