El presidente Mauricio Macri se excusó de intervenir en toda cuestión relacionada conCorreo Argentino, empresa que pertenece a su familia y con la que hace dos años llegó a un acuerdo
de pago que provocó la apertura de varios expedientes judiciales.
Lo hizo a través del decreto 882/2018, publicado este jueves en el Boletín Oficial, cuatro días después de que la Oficina Anticorrupción indicara que Macri debía “abstenerse de ejercer la facultad de abocarse al conocimiento de los procesos judiciales sobre dicha empresa en que sea parte el Estado Nacional”.
En el decreto se puntualiza que en tanto sus familiares mantengan participaciones societarias en las empresas controlantes de Correo Argentino S.A, Macri se considera “alcanzado por el deber de abstención”.
“Razones de decoro, delicadeza y transparencia en el ejercicio de la función pública resulta el fundamento pertinente para proceder a mi excusación en la intervención que pudiera corresponderme respecto de cualquier asunto relacionado con la mencionada empresa”, indica.
En 2001, Correo Argentino, compañía administrada por el Grupo Macri, dejó de pagarle un canon al Estado nacional y en 2003 fue estatizada por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones de pesos, pero el Gobierno y la empresa llegaron en junio del 2016 a un acuerdo de pago.
La controversia se disparó cuando la fiscal Gabriela Boquin pidió el rechazo de ese arreglo por considerarlo “ruinoso, abusivo e inadmisible”, con el argumento de que implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del Presidente y un perjuicio de más de 70 mil millones de pesos para el Estado.
Si bien explicó que no participó “en nada en la solución”, Macri reconoció días atrás su error. “Obviamente sabía, por eso asumo mi parte y por eso pedí disculpas. Ahí me equivoqué”, dijo, en una entrevista con La Cornisa.
En septiembre pasado, Correo Argentino presentó una nueva oferta al Estado por la deuda. La oferta de base fue similar a la que había presentado en 2016 y le sumó lo que denominó “una mejora de plazo y monto” y un “reconocimiento adicional”.
Ahora la intervención oficial quedará a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti.