Un proyecto para actualizar el Código Procesal Penal de la Ciudad generó más revuelo del esperado. Los cambios en la norma están ligados a la transferencia de delitos de competencia nacional
a la jurisdicción porteña. Pero el tenor de la iniciativa causó polémica y ahora el bloque oficialista Vamos Juntos define modificaciones a contra reloj.
El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, estaba previsto para ser tratado en la Legislatura porteña este jueves y requiere de 31 votos para ser aprobado. El oficialismo cuenta con 34, por lo que no tendría inconvenientes para lograr que se sancione.
No obstante, en la previa a la sesión llovieron críticas de todos los bloques de la oposición. En un proyecto de alrededor de 70 artículos, las modificaciones más polémicas están entre 6 o 7 ítems. Esos puntos son los que están siendo revisados en la Legislatura, especialmente por el presidente de la Comisión de Justicia, Daniel Pestri, uno de los que firmará el proyecto.
Algunas figuras que busca incorporar el proyecto de nuevo Código Procesal Penal porteño resultan un tanto exageradas para los delitos que hoy son competencia de la Ciudad.
Por ejemplo, en la iniciativa se contemplan las figuras de “informante” y de “agente encubierto” y “revelador” en las investigaciones. Pero hoy los delitos más graves que son competencia de la Ciudad son los de lesiones, amenazas o tenencia de armas, por citar ejemplos.
A nivel nacional, estas herramientas procesales se utilizan únicamente en las investigaciones por delitos complejos. Por ejemplo, contra el crimen organizado y el narcotráfico. En la Ciudad, estaría circunscripto a cualquier contravención.
Si bien en un futuro cercano está previsto que las causas por “narcomenudeo” también sean investigadas por la Ciudad, los críticos al proyecto más cercanos al Gobierno sostienen que es una “exageración” la utilización de esta figura. En el kirchnerismo se habla de un “cheque en blanco” para las fuerzas de seguridad.
El temor es que bajo la figura de “informante” se escondan extorsiones a testigos para que entreguen información. O que a través del agente encubierto y revelador, la Policía cuente con margen para cometer delitos.
Otro punto polémico es el de la vigilancia electrónica. Mientras el derecho penal permite tomar acciones que entran en conflicto con derechos civiles como el de la intimidad, la norma permite ciertas medidas como las escuchas telefónicas cuando se investigan delitos graves: secuestros, robos con arma, homicidios y delitos similares.
Ahora, por la venta de CD’s truchos en la calle esta medida es injustificada. Y el proyecto que estaba por ser presentado por el oficialismo permitía intervenir líneas telefónicas, vigilancia con registro fotográfico o acceso a conversaciones privadas para cualquier contravención. Según trascendió, Vamos Juntos dará marcha atrás con ese artículo.
Otra iniciativa que causó ruido fue la de extender los plazos de forma indeterminada para las investigaciones. Cuando a nivel nacional las investigaciones penales preparatorias no pueden exceder los seis meses -salvo excepciones-, el actual código porteño establece hasta un año.
Una posibilidad es que en el proyecto que se presente este jueves la fecha de vencimiento para las investigaciones sea de dos años. Los críticos más benévolos hablan de que se trata de una manera elegante de “blanquear la ineficacia de la Justicia” para investigar. Y que de esta manera habrá conflictos que podrán tardar mucho más en resolverse.