El fiscal federal Franco Picardi solicitó ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi que se intervenga la obra del Soterramiento del Tren Sarmiento, ya que pese a que la brasileña Odebrecht
ya no integra el consorcio a cargo del proyecto, las demás firmas están siendo investigadas como parte de una estructura de pago de sobornos a ex funcionarios. Además, pidió embargos por una suma de $ 1.000 millones para las empresas y personas investigadas en la causa.
Es en el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento.
La empresa Odebrecht admitió haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos procesos licitatorios. En ese contexto, en Comodoro Py hay tres causas sobre diferentes contratos adjudicados a la constructora brasileña, sospechados de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.
Uno de esos expedientes es el que lleva el juez Martínez De Giorgi y el fiscal Picardi que investiga el Soterramiento del Tren Sarmiento. La obra de 3.000 millones de dólares fue otorgado al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Ángelo Calcaterra primo de Mauricio Macri), Ghella y ComSa SA. La constructora ya había dejado el proyecto tras las revelaciones de coimas.
En tal sentido, la fiscalía avanzó y después de un fallo de la Cámara Federal porteña que instó a evaluar medidas cautelares sobre las empresas vinculadas al soterramiento, requirió al juez Martínez De Giorgi que avance en el embargo de los bienes de 23 personas vinculadas a las empresas del Consorcio y a ex funcionarios.
Para la fiscalía hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio adjudicatario de la obra (Odebrecht, Ghella, IECSA, Comsa) y, en consecuencia, se generaron “modificaciones en el contrato original”, detrás de lo que se esconderían los supuestos sobreprecios.
Los sobornos se pagaron –según la fiscalía- a través de la empresa CAESA de Manuel Váquez, ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, por unos 600 mil pesos, y por pagos a través de empresas Offshore radicadas en el exterior.
Para Picardi quedó corroborado que la firma de Vázquez era “ficticia” con el único fin de generar “facturas por servicios no brindados”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
En ese sentido, COMSA como IECSA SA pagaron unos 600 mil pesos a la empresa CAESA entre 2005 y 2009 por trabajos de “consultoría que se acreditó fueron inexistentes”. “Nunca ha habido prestación alguna y la registración ha sido un mero montaje utilizado por los intermediarios y testaferros del ex funcionario Ricardo Jaime para recibir el pago de coimas”.
Con el avance de la causa a la fecha, la Fiscalía sostuvo que “ha podido cristalizarse la verdadera naturaleza –es decir, espuria- de ciertos pagos y movimientos dinerarios respecto de los cuales se verificaron peculiares relaciones con la licitación pública cuestionada”.
Para Picardi esto se desprende del análisis de un esquema que “consideró fechas, actores intervinientes y etapas del proceso administrativo de adjudicación y ejecución de la obra pública para soterrar el Ferrocarril General Sarmiento”.
Por ello, a raíz de una serie de medidas de prueba se “acreditaron vínculos entre las empresas integrantes de la UTE -conformada a los fines de la licitación pública por la obra ferroviaria en estudio-, con los funcionarios e intermediarios denunciados desde el inicio”.
Entonces, el Fiscal entendió que la obra pública licitada y adjudicada a las empresas y grupos de empresas particulares, se produjo en el marco de un proceso administrativo que se “desarrolló en distintas áreas enmarcadas bajo la órbita común del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación”, con una gran cantidad de irregulridades.
Pero por fuera de los aspectos administrativos que dan cuenta de un presunto direccionamiento en la adjudicación de la obra, el representante del ministerio Público Fiscal indicó que pese a que Odebrecht se haya retirado de la obra, las firmas Ghella y SACDE están vinculadas entre sí y a su vez con Iecsa -anteriormente de Ángelo Calcaterra-.
De forma conjunta, se determinó que las cuatro empresas de la UTE “fueron responsables por el pago de sobornos”, por ello solicitó que se intervenga la obra del Soterramiento sin interrumpir su desarrollo.
“Con posterioridad a la adjudicación de la obra, las empresas Constructora Norberto Odebrecht SA, Iecsa SA, Ghella Societa Per Azioni y Comsa SA realizaron distintos pagos en concepto de sobornos a funcionarios públicos y/o intermediarios ligados al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación”, señala el dictamen del fiscal.
Se explicó en el mismo que los pagos “fueron realizadas vía empresas offshore, logrando de esta manera obtener distintos beneficios vinculados a la continuación y al avance del emprendimiento en cuestión –como por ejemplo adelanto financiero y certificados de obra”.
Respecto a los embargos solicitados, Picardi indicó que en función del propio proyecto y de los “montos dinerarios en juego respecto de cada una de las personas jurídicas que –conglomeradamente-, en definitiva resultaron adjudicatarias del emprendimiento”, consideró que el monto de embargo preventivo “deberá ser mayor a su respecto”.
Se planteó entonces, un embargo de 67 millones de pesos para Comsa SA; 201 millones de pesos para Ghella spa; y 201 millones de pesos para Constructora Norberto Odebrecht SA.
En relación a Iecsa SA (actualmente, Sacde SA), que cuenta con un 30% de participación en el consorcio, se le dictó la misma medida hasta cubrir la suma de 201 millones de pesos, “pero en razón de la transferencia de una porción de su paquete accionario y de que la firma Latifer continuaría siendo accionista de la continuadora de Iecsa SA”, se fijó el monto a cautelar en 34 millones de pesos para Sacde SA y “167 millones de pesos para quien estuviera detrás del accionista mayoritario de la firma Iecsa SA, Ángel Calcaterra, por este concepto”.
Después se solicitó la misma medida cautelar para todas las personas físicas incluidas en la causa. Así, la suma globla de los embargos es de $ 1.000 millones.