La Corte Internacional de Justicia, el tribunal de Naciones Unidas con sede en la ciudad holandesa de La Haya, ordenó este miércoles al gobierno estadounidense que suspenda la aplicación
de las sanciones a Irán que estén vinculadas a la exportación de medicamentos y dispositivos médicos, productos alimenticios y agrícolas o, entre otras cosas, a todo lo que tenga relación con la seguridad de la aviación civil.
Los jueces de la Corte decidieron por unanimidad que las sanciones estadounidenses a Irán violan un tratado de “amistad, comercio y derechos consulares” firmado entre Teherán y Washington en 1955.
La Administración del presidente Donald Trump ya dijo que abandona ese tratado y que no reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia en este asunto. Washington no parece dispuesto a dar cumplimiento al dictamen judicial y además empezará a aplicar a partir del 4 de noviembre sanciones a todo el sector de hidrocarburos iraní, la mayor fuente de ingresos que tiene Teherán.
El dictamen es en teoría de obligado cumplimiento pero la Corte Internacional de Justicia no tiene forma de obligar a un país a cumplirlo, mucho menos cuando es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El régimen iraní recibió el dictamen judicial como “una victoria” y “una nueva muestra que confirma claramente que la República Islámica de Irán tiene la razón jurídica y que las sanciones estadounidenses contra el pueblo y los ciudadanos de nuestro país son ilegales y crueles”, según un comunicado emitido el miércoles por la Cancillería iraní. En la sala en la que se leyó el dictamen había una amplia representación iraní y apenas dos diplomáticos estadounidenses.
El embajador de Washington ante los tribunales internacionales de La Haya, Pete Hoekstra, dijo que la Corte Internacional de Justicia decidió “sobre un asunto sin fundamento en el que la Corte no tiene ninguna competencia”. Pero a la vez el diplomático estadounidense entró a comentar el dictamen al decir que los jueces no habían aceptado “las medidas radicales exigidas por Irán, la Corte sólo tomó una decisión de poco alcance sobre un número limitado de sectores”.
A pesar de no aceptar la competencia de la Corte Internacional de Justicia sobre este asunto, representantes legales de Estados Unidos participaron en las audiencias y presentaron sus alegatos y garantías de que las sanciones no afectan a la situación humanitaria en Irán y que el tratado de 1955 no reconoce que las partes acudan a tribunales internacionales para arreglar sus diferendos.
El presidente del tribunal, el juez somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf, dijo en la lectura del dictamen que “la Corte declara, por unanimidad, que Estados Unidos debe, por los medios que decida convenientes, suprimir cualquier traba que las medidas anunciadas el 8 de mayo de 2018 (las sanciones reimpuestas) supongan para la libre exportación hacia Irán de medicamentos, material médico y productos alimenticios y agrícolas”.
También exigen a Washington que permita la exportación a Irán de “las piezas necesarias para la seguridad de la aviación civil”. Las sanciones estadounidenses, según la Corte, “comprenden restricciones a las importaciones y a las compras necesarias para fines humanitarios, dañando así gravemente la salud y la vida de las personas que se encuentran en territorio iraní”.
El restablecimiento de las sanciones estadounidenses a Irán en mayo pasado, que habían sido suspendidas en 2015 tras la aprobación del acuerdo que frenó el programa nuclear iraní, son para Irán una violación del tratado firmado en 1955 entre Estados Unidos y la dictadura del Sha, un régimen que fue estrecho aliado de Washington.
Estados Unidos no sería el único país implicado en este caso dispuesto a incumplir un dictamen de la Corte Internacional de Justicia. El mismo tribunal decidió en 1980 que la toma de diplomáticos estadounidenses como rehenes por el régimen iraní era ilegal y ordenó a Teherán que los liberara, algo que el gobierno iraní de la época ignoró.
