El juez federal Sebastián Ramos ordenó la “inhibición general de bienes” de Andrea del Boca y Julio De Vido, por las irregularidades detectadas en la financiación de la telenovela “Mamá Corazón”,
financiadas por el disuelto Ministerio de Planificación. Es que la productora A+a Group, de Andrea Del Boca cobró más de 24 millones de pesos, a través de una contratación directa del ministerio que manejaba De Vido, triangulado con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que ya estaba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca.
El juez Ramos también le pidió a la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) que informe si los costos de producción pagados por la productora de Andrea del Boca “guardan correlato con los costos de mercado a la fecha de su adquisición”. El juez busca determinar, a pedido de la Cámara Federal porteña, si hubo sobrefacturación en el presupuesto de 36.582.468 pesos que iba a cobrar la productora. De hecho, ya había cobrado el 76% de una novela que nunca se terminó; mientras que otras series que estaban en los mismos convenios con la UNSAM habían cobrado sólo el 7%.
Hace dos semanas, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó los embargos contra el ex ministro Kirchnerista De Vido, por 60 millones de pesos, como autor del delito de “defraudación contra la administración pública”; mientras que a la actriz y productora se le trabó un embargo de 50 millones, como “partícipe necesaria” del mismo delito. Las medidas que ahora adoptó el juez Ramos, fueron tomadas en base a lo resuelto por la Cámara Federal, que confirmó los procesamientos de todos los involucrados en esta operación.
El juez Ramos investiga las irregularidades en dos convenios con la UNSAM, que incluían el otorgamiento de 356 millones de pesos. Además de ordenar la inhibición general de bienes de Andrea Del Boca y Julio De Vido, el magistrado también ordenó la inhibición de bienes del ex rector de la UNSAM, Carlos Ruta, que tiene un embargo de 60 millones de pesos; de la ex titular del INCAA, Liliana Mazure, a quien le trabó un embargo de 5 millones; de Nadia Jacky, directora de Tostaki (por la serie El Pacto), con un embargo de 6 millones de pesos; de los secretarios de la UNSAM, Maximiliano Schwerdtfeger y Hugo Nielson, con embargos de 50 millones y 6 millones de pesos; y de los ex funcionarios K Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada, con un embargo de 50 millones de pesos cada uno.