El caso ocurrió en julio y fue tan insólito que, aún en plena crisis económica, se ganó un lugar en la agenda nacional: un periodista que trabajaba en Casa Rosada
fue detenido tras tener un pedido de captura vigente por robo durante un año, tiempo en el que se desempeñó como acreditado. Se trató de Juan Manuel Illescas, a quien la Policía Federal recién detuvo cuando intentó anotarse en la cobertura del G-20. Hasta ese momento, cada día deambulaba sin control a sólo metros de Mauricio Macri y nadie sabía de su prontuario. Ese episodio encendió las alarmas en la Casa Militar, a cargo de la custodia del Presidente, que dispuso cambios. Algunos fueron inmediatos y otros demoraron un poco más, como el nuevo sistema de acceso a Casa Rosada que debutó este lunes y tiene la particularidad de que está conectado a la base de datos de las fuerzas de seguridad del país.
La medida no apunta sólo al control de los periodistas sino de todo el personal que trabaja en la Casa de Gobierno. Hasta este lunes, no había forma de confrontar el registro de empleados con los pedidos de captura. De ahí que la situación de Illescas no fue advertida hasta que intentó acreditarse para un evento internacional, que requiere de controles especiales de seguridad.
Illescas tenía pedido de captura desde el 7 de mayo de 2017 por abigeato (hurto de ganado), incumplimiento de las normas de comercialización de ganado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documentos públicos. Una vez detenido fue remitido a Formosa, ante el juez de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa Marcelo López Picabea, donde permanece detenido.
Al momento de su captura, fuentes oficiales dieron cuenta de distintas versiones que apuntaban a presuntos vínculos de Illescas con empresas privadas de seguridad e inteligencia. Alimentaba estas sospechas que estuviera acreditado por la Radio Integral de Maciá, una pequeña localidad de Entre Ríos; y que su director dijera que “no cobraba absolutamente nada”. Esas versiones, sin embargo, luego no fueron admitidas públicamente por ninguna voz oficial. Aunque tampoco desmentidas.
En el propio Gobierno calificaron como “inconcebible” el hecho y admitieron que no podía repetirse. Todo este episodio motivó al secretario general de Presidencia Fernando de Andreis, quien tiene bajo su órbita a la Casa Militar; y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a adquirir un nuevo sistema de control de acceso para la Casa Rosada, que fue entregado hace unas semanas.
Si bien ya se venía trabajando en su implementación, como las nuevas máquinas fueron colocadas durante el fin de semana, sin previo aviso, el ingreso esta lunes por Balcarce 50 fue más lento que lo habitual, dado que cada trabajador debió cargar nuevamente su “huella” en los dispositivos que validarán -o rechazarán- su ingreso en lo sucesivo, según cuente o no con antecedentes, pedido de captura o la negativa del Gobierno. A esa lógica demora se sumó la falta de coordinación entre las áreas, producto de que el número dos de la Secretaría General, Mariano De Lorenzi, omitió dar aviso y hubo empleados que no figuraban en la nómina para ingresar.