La violencia contra las mujeres es la violación a los derechos humanos más extendida y frecuente en todo el mundo. Cimentada en la desigualdad estructural entre varones y mujeres, su forma
más extrema y cruel, el femicidio, es un delito complejo que impacta sobre todo el entramado social.
Asumiendo el rol prioritario que tiene el Estado para la erradicación de este flagelo, esta gestión transformó en política de Estado la prevención, atención y erradicación de la violencia en todos sus tipos y modalidades. Pero si bien hay avances, queda aún un largo camino por recorrer para abordar todo el espectro de consecuencias que genera la violencia machista.
Es por ello que en 2017 el Gobierno Nacional acompaño la adopción de la Ley 27363 – Privación de la Responsabilidad Parental para los femicidas condenados, poniendo en el centro del debate a niñas/os y adolescentes quienes, habiendo atravesado la tragedia que implica el femicidio, veían cercenado su derecho a crecer en un ambiente libre de violencia.
En seguimiento a este compromiso, hoy damos un paso más con la reglamentación efectiva de la ley 27.452, que establece el Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes, cuyas madres hayan sido asesinadas en un contexto de femicidio.
Esta ley, inspirada en el caso de Brisa Barrionuevo y adoptada el 4 de julio de 2018, representa un avance sustantivo e inédito en políticas reparatorias para la niñez y adolescencia. Gracias a ella, por primera vez y saldando una deuda histórica, las verdaderas víctimas colaterales de los femicidios van a contar con herramientas tanto para asegurar un ingreso económico y facilitar las tareas de manutención y crianza a cuidadoras/es como para recibir atención sanitaria y asistencia psicológica integral.
El femicidio genera una perdida irremediable, de eso no hay dudas. Hoy, con esta política reparatoria estamos contribuyendo a que esa pérdida no redunde en más privaciones. Porque es deber del Estado ser garante de derechos, y es el compromiso inclaudicable de esta gestión avanzar en forma concreta para hacer de todos los derechos, una realidad.