A diferencia de otros acuerdos firmados antes, en esta oportunidad el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió muy poco por fuera del área de incumbencia del Banco Central. Suena bastante lógico, ya
que el ajuste tiene una excluyente dominancia fiscal, ya en marcha, y ahora se trata de implementar una política monetaria acorde, que permitiría, según el propio BCRA, “bajar la inflación y recuperar un ancla nominal para la economía”.
Una breve síntesis del acuerdo anunciado el miércoles indica que: *El crédito se elevó a US$57.100 millones, US$7.100 más que el monto original. De ese total, el FMI ya remitió a la Argentina US$15.000 millones.
* En lo que resta de 2018 el país recibirá otros US$13.400 millones.
* En 2019, se depositarán US$22.800 adicionales.
*Finalmente, en 2020 habrá un nuevo, y último, desembolso por US$5.900 millones.
*Los fondos ahora serán de “libre disponibilidad (no “precautorios” como antes) pero sólo podrán usarse para administrar el déficit.
De esta manera, se alejan las sospechas de algún eventual default y se refuerza el “déficit cero” como objetivo central de la política económica.
Para favorecer ese planteo, el nuevo titular del BCRA, Guido Sandleris, anunció las medidas que integran “el nuevo esquema de política monetaria” vigente a partir de mañana.
Según el anuncio oficial, el BCRA se compromete a no aumentar la base monetaria (suma de billetes y monedas en poder del público y los depósitos de los bancos en el BCRA) hasta junio de 2019. Aunque se aclaró que habrá un ajuste en diciembre y junio, cuando las causas estacionales generan un aumento de la demanda de dinero.
La meta monetaria se lograría con operaciones diarias de Letras de Liquidez (Leliq) negociadas exclusivamente con los bancos y con una tasa mínima del 60% hasta que la inflación se controle. También se podrían realizar ajustes en los requisitos mínimos de líquidez.
A pesar de la escasez de divisas, se mantiene la desregulación sobre los plazos de liquidación de exportaciones.
El dólar tendrá “bandas”, aunque el BCRA no tiene la obligación de intervenir, se podrán vender hasta US$150 millones diarios para frenar la suba, pero no para defender el peso.