Un informe de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación asegura que son muy pocas las causas penales iniciadas contra las mujeres que se han
realizado abortos, y que prácticamente no hay condenas. Esto ocurre a pesar de que en Argentina el aborto aún está penado si no es por causales (violación o riesgo de salud o muerte de la mujer). “La prohibición -dice el informe de la Defensoría-, opera en sí misma como castigo por la angustia y dificultades que generan en la vida de las mujeres”. Un fiscal de Río Cuarto, Córdoba, decidió imputar a una mujer que se sometió a un aborto el mes pasado, y al médico que realizó la práctica.
El caso llegó a la Justicia porque la joven, de 21 años, se descompuso en su casa de Río Cuarto, Córdoba. Entonces -14 de agosto- fue derivada al Nuevo Hospital San Antonio de Padua. Allí, médicos que la atendieron notaron que la joven se había sometido a un aborto clandestino.
Al recuperarse, denunció al ginecólogo que se lo había hecho. Contó que había ido a un consultorio privado, en la calle Caseros al 200. El fiscal Fernando Moine imputó primero al médico Mariano Roldán Tafur, y luego decidió imputar también a la joven.
“Recién la he indagado a la mujer, no sé todavía de cuanto tiempo estaba embarazada. El médico, de nacionalidad peruana, también está imputado. Vamos a seguir reuniendo elementos para ver si se comprueba. Hoy por hoy el aborto es delito, eso dice el Código Penal, más allá de todas las posturas”, declaró Moine a medios locales.
La prensa local también cuenta que si bien Roldán Tafur no tiene antecedentes penales, el 12 de marzo hubo un incidente frente al consultorio del médico. Se armó una pelea con un policía que aparentemente no quería que su pareja se sometiera a un aborto. En ese momento, el médico dijo que la mujer había llegado a su consultorio con pérdidas. Entonces también dijo que la mayoría de los casos que atiende son de pacientes que llegan con abortos mal hechos y que él “se ocupa de salvarles la vida”.
El fiscal le tomó declaración indagatoria a la joven, que aseguró que era pobre y que no sabía que el aborto fuera ilegal. Igual la imputó. En los cuatro meses de debate sobre la legalización del aborto en el Congreso hubo consenso de todos los sectores -incluso de quienes se oponían a legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo- de no penar a la mujer. No se escucharon voces, salvo algunos pocos casos, que pidieran la penalización sino todo lo contrario. El ministro de Justicia Germán Garavano también opinó y dijo que había que despenalizar el aborto: “Hay que sacarlo del Código Penal”, aseguró.
Fernando Moine, al frente de la fiscalía de Tercera Nominación, es un fiscal bastante conocido. El mes pasado, al elevar a juicio la causa de la comerciante Claudia Muñoz (asesinada de 30 puñaladas) descartó que se tratara de un femicidio y tampoco que hubiera alevosía. Dijo que sólo se trató de “homicidio simple”: “Hay distintos elementos que serían muy largos de explicar. La fiscalía entendió que no cabía la figura de femicidio ni la de alevosía, que es un agravante del homicidio, sino que ha sido un homicidio simple”, dijo ante los medios.
En 2016. Emiliano Cahuana mató a piñas y patadas a Samantha Yoerg, su pareja de 22 años, la madre de sus dos hijos. El hombre confesó que la molió a palos. Moine tampoco consideró que fuera un femicidio.
En 2007 Moine también salió en todos los medios: el fiscal general lo apartó de la investigación del asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido en su chalé de Villa Golf, en Rio Cuarto, en 2006. Moine fue uno de los fiscales que, junto a la Policía y los abogados querellantes, abonaron la hipótesis de que el asesino sería Gastón Zárate, un pintor que estuvo preso 25 horas y que, tras una movilización de 3.000 personas y la falta de pruebas consistentes, recuperó su libertad.
Clarín intentó hablar con Moine pero el fiscal no quiso atender.