La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la legalidad del encarcelamiento preventivo del llamado “zar del juego”, Cristóbal López, al rechazar este lunes un recurso de su defensa para discutir su
libertad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales.
Si bien aún tiene posibilidades de acudir directamente a la Corte a través de un recurso de queja, lo más probable es que el empresario ligado al kirchnerismo deba esperar en prisión el inicio del juicio oral que se le seguirá por un multimillonario fraude al Estado con la venia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el anterior gobierno de Cristina Fernández a través de la ahora quebrada empresa Oil Combustibles.
Con los votos de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, y la oposición de su colega Ana María Figueroa, la sala I de la Cámara de Casación rechazó el planteo de López, como así también uno similar formulado por su socio, Carlos Fabián de Sousa, al igual que él tras las rejas. Ambos, además, habían objetado el monto de los embargos que pesan sobre sus bienes, estipulado por la Justicia en 17 mil millones de pesos para cada uno de ellos.
Tanto López como de Sousa habían apelado el fallo de la misma sala de Casación -con otra integración, ya que Petrone y Barroetaveña aún no habían asumido sus nuevos cargos en la Justicia- que había ordenado detenerlos el 27 de abril al revocar la polémica decisión que a principios de año habían tomado los entonces camaristas federales Jorge Ballestero y Eduardo Farah de liberarlos.
Tanto Ballestero como Farah dejaron tras ese fallo sus puestos en la estratégica sala I de la Cámara Federal porteña. El primero por renuncia y el segundo a través de un “traslado” que pidió a otro tribunal, primero a uno oral del fuero Penal Económico y ahora a otro, también oral, pero del fuero federal con asiento en San Martín.
Originalmente, López y De Sousa habían sido procesados y embargados por el juez federal Julián Ercolini por en diciembre del año pasado por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública. Luego Ballestero y Farah dijeron que el caso se trataba apenas de una infracción tributaria, ordenaron liberarlos y redujeron los montos de los embargos.
Revocada esa decisión luego por la Casación, la causa fue elevada a juicio en junio por Ercolini y aguarda la fijación de la fecha de inicio del mismo por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 (TOCF3), que ya tenía previamente agendados otros casos de repercusión pública, como el de la vinculación de Carlos Telleldín con el atentado de 1994 contra la AMIA.
La maniobra por la que serán juzgados López y De Sousa refiere a la retención que Oil Combustibles hacía del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) como agente autorizado cada vez que vendía nafta o gasoil en estaciones de servicio pero que no derivó durante años a la AFIP al acogerse a planes excepcionales de pago otorgados por el entonces titular del organismo, Ricardo Echegaray, que también será juzgado junto a ellos pero permanece en libertad.
La deuda estimada originalmente al momento de abandonar el poder el kirchnerismo y asumir la Presidencia de la Nación Mauricio Macri fue estimada originalmente en unos 8 mil millones de pesos y ahora depende del resultado del proceso de quiebra de Oil Combustibles, demorado la semana pasada por una presentación del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández en nombre de De Sousa, justo cuando se abrirían los sobres con las ofertas de los dos interesados en quedarse con la firma, YPF y la holandesa Trafigura.