Los electores suizos votaron este domingo masivamente a favor de incorporar la bicicleta a su Constitución, con el objetivo de que su desarrollo sea igual de importante que el de las
vías y los senderos pedestres.
Los electores suizos votaron este domingo masivamente a favor de incorporar la bicicleta a su Constitución, con el objetivo de que su desarrollo sea igual de importante que el de las vías y los senderos pedestres.
Esta modificación constitucional fue aprobada con un 72 % de votos en un referéndum sobre una iniciativa que era respaldada por prácticamente todos los partidos políticos y asociaciones activas en la defensa del medioambiente.
Un ciclista en Suiza aprieta el botón del semáforo en una bicisenda.
Según sus patrocinadores, la mejora de la red de pistas para bicicletas contribuirá a la seguridad de los ciclistas y a aligerar el tráfico, además de tener efectos positivos sobre la salud, el medio ambiente y el turismo.
En función de esta decisión, el Gobierno suizo podrá desarrollar estándares nacionales y suministrar geodatos para mapas y aplicaciones móviles.
En tanto, la planificación, construcción y mantenimiento de las pistas para bicicleta continuará siendo responsabilidad de las autoridades locales.
En cambio, los suizos rechazaron de manera clara sendas iniciativas relacionadas con la agricultura y la alimentación.
Los carteles de distancias en Suiza incluyen a las bicicletas.
La primera, que buscaba favorecer el comercio de alimentos producidos localmente y de temporada, así como alentar condiciones de trabajo justas y reducir el desperdicio de alimentos, fue rechazada por un 63 % de votantes.
Una segunda iniciativa titulada “Por la soberanía alimentaria” recibió un 70 % de votos en contra.
La mejora de la red de pistas para bicicletas contribuirá a la seguridad de los ciclistas y a aligerar el tráfico, además de tener efectos positivos sobre la salud, el medio ambiente y el turismo.
Su propósito era obligar al gobierno a adoptar una política agrícola favorable a una producción sostenible, ecológica y social, lo que hubiese requerido de una importante intervención estatal para restringir la importación de alimentos a través de aranceles, cuotas o prohibiendo la entrada de ciertos productos, incluidos los genéticamente modificados.
Los opositores a tales políticas hicieron valer que la idea (prevista en el texto) de establecer precios justos y una producción regulada por el Estado iba contra la economía de mercado, y que el coste terminaría siendo pagado por los consumidores y los contribuyentes, ya que el Estado hubiese tenido que aprobar nuevas subvenciones para el sector agrícola.
Agencia EFE.
fuente clarin
