Ante el pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se reabra la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner que había archivado el ex juez Norberto Oyarbide, la Justicia analiza la situación y por el momento se plantea una gran dificultad para avanzar sobre el pedido del organismo antilavado. Por Lucía Salinas
“En tanto no se compruebe un prevaricato por parte del entonces magistrado no hay elementos para reabrir el expediente”, indicaron fuentes judiciales a Clarín. Dicha solicitud recayó en el juzgado del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
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La UIF basó su pedido en el argumento de que hubo “cosa juzgada írrita” o ilegal como consecuencia de la causa de los cuadernos de las coimas donde Cristina Kirchner quedó procesada como jefa de la asociación ilícita que se dedicó al cobro de fondos ilegales, cuyo destino según el juez Claudio Bonadio, en parte fue destinado al patrimonio de los ex presidentes. Se estimó en la resolución que los ex funcionarios involucrados dirigieron a sus respectivos patrimonios, al menos, U$S 100 millones.
En este contexto y previo a conocerse el procesamiento, la UIF pidió ante la Cámara Federal porteña que desarchive el expediente en el que Oyarbide había sobreseído en el 2009 en tiempo récord, al matrimonio Kirchner investigado en aquel momento por enriquecimiento ilícito.
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La presentación para reabrir la causa se realizó después que Oyarbide admitió que actuó bajos presiones de los ex presidentes; del ex director de la SIDE, Antonio Stiuso, y del operador judicial K Javier Fernández en relación a dicha investigación.
La causa contra los ex presidentes inició con una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans al detectar que en 2008, los Kirchner habían registrado un aumento del 158 por ciento en la declaración de bienes ante la Oficina Anticorrupción tras la presentación de sus declaraciones juradas.
En aquel entonces, los peritos de la Corte señalaron que el aumento de los bienes de Néstor “no se justificaba” con sus ingresos, pero Oyarbide se basó en un informe del contador K, Víctor Manzanares, y archivó la causa. A raíz de este planteo, el fiscal Eduardo Taiano no apeló y se vinculó la decisión a un secuestro exprés que sufrió su hijo.
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El concepto de cosa juzgada írrita es nuevo y se basa en la idea de que si en el pasado una causa fue cerrada en forma ilegal, el beneficiado pierde el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo caso.
En su presentación, la UIF señaló que “dicho archivo motivó una serie de críticas y reacciones que culminaron en denuncias varias y en pedidos de juicio político para el Dr. Oyarbide que –en líneas generales– daban cuenta de la falta de independencia del mismo respecto del Poder Ejecutivo en franca violación con el artículo 109 de la Constitución Nacional”.
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La situación es analizada por el juez Martínez De Giorgi que según fuentes judiciales, aún no tomó ninguna decisión “al no detectarse prevaricato por parte del juez Oyarbide para determinar que hubo un proceder incorrecto de su parte”. Hasta tanto esto no se logre comprobar “no hay posibilidades de que se reabra la investigación”, indicaron a este medio.
En paralelo, vinculado a la causa Hotesur SA -firma de la familia Kirchner investigada por lavado de activos-, inició una investigación sobre las declaraciones juradas de la ex Presidenta que abarca el período 2009-2015 a raíz de diversas inconsistencias detectadas: bienes no declarados, movimientos bancarios que no guardan coincidencia con los volcado en las declaraciones juradas, entre otros aspectos.
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Cuando el matrimonio llegó a la Casa Rosada en 2003, consignó un patrimonio de $6.851.810. En la primera declaración jurada como jefa de Estado, reconoció bienes por $17.824.941. Las primeras denuncias surgieron: en un año los Kirchner dieron un salto sustancial en su fortuna que fue del 158%.Declararon bienes por $46 millones.
fuente clarin