La “actividad electoral” del narcotráfico sobrepasa, ampliamente, los estados de Río de Janeiro y San Pablo. Su influencia se extiende prácticamente a todas las regiones del país. Así lo informó el
coordinador general de Defensa Institucional de la policía federal brasileña. Thiago Borelli fue tajante al admitir: “Nuestra preocupación es mayor este año. Es que pese a los esfuerzos para reprimir la delincuencia, hubo un crecimiento en el poder de la facciones en el país”. Estas organizaciones no solo interfieren mediante los aportes a las campañas de políticos. Sus estrategias, ahora, apuntan a poner sus propios candidatos a diputados provinciales y federales.
Un informe elaborado por periodistas del grupo Folha indicó que hay al menos 9 estados provinciales donde las facciones principales ya incursionaron en el mundo de la política. Mencionan entre ellos Río Grande del Sur, Paraná, Mato Grosso del Sur, Acre, Ceará y Rio Grande del Norte. En el modus operandi de estos grupos delictivos se destacan el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando de la Capital, que mantienen un sofistica nivel organizacional. Operan a través de financiación ilegal de candidatos y partidos; ubican en carrera a sus propios representantes y presionan a las poblaciones bajo control a votar por quienes ellos indican.
El clima de inseguridad generada, en forma premeditada por los narcos, se proyecta a los jueces electorales. Estos denunciaron que faltan suficientes fuerzas policiales como para proteger las urnas electrónicas y los registros civiles. Indicaron también que en Acre, en la localidad de Sena Madureira, seis muchachos que estaban en un registro para conseguir su certificado de elector fueron amenazados por un grupo narco que los conminó a entregar hacerse de esas cédulas. Según el juez Fabio Farias, de esa región, la guerra entre los distintos grupos criminales pueden impedir el desplazamiento de los electores hacia los lugares de votación.
En Río Grande del Norte, otros de los estados con comicios que podrán verse seriamente afectado, hay nada menos que 33 ciudades de un total de 167 (20%) que están dominadas por las mafias locales como el Sindicato del Crimen y nacionales como el PCC. El Tribunal Superior Electoral tuvo que intervenir en esa región y autorizó el envío de tropas de las Fuerzas Armadas.
El desarrollista Ciro Gomes, en campaña AFP
Para Ciro Gomes, que fue gobernador del estado de Ceará, la culpa es de las leyes brasileñas que son “muy débiles” y “no han acompañado la sofisticación del tráfico y de los grupos delictivos”. Gomes es, también, uno de los presidenciables por el Partido Democrático Laborista. De acuerdo con el informe de autoridades paulistas y cariocas, en ambos estados hay al menos 20 candidatos que podrían estar apoyados por el Comando Rojo (CV) y por el PCC. Aunque los nombres son mantenidos en estricto secreto, trascendió un caso concreto en la capital paulista. Se trata de un cantante de rapper, afiliado al Partido Laborista Cristiano (PTC) que responde, nada menos, que al ex presidente Fernando Collor de Mello, quién debió abandonar el cargo apenas dos años después de asumir el poder, por causa de su corrupción. El asunto es que el individuo es hermano de un traficante que pertenece al Primer Comando. El Ministerio Público paulista tiene un caso caso conocido: Ney Santos, intendente de la ciudad de Embú de las Artes a 42 kilómetros de la metrópolis paulistana. Elegido en 2016, el alcalde ya tenía dos entradas en la policía. Pero nunca fue condenado.
En Río de Janeiro, la dirección del Combate a las Drogas de la federal describió el caso de un postulante a diputado federal por el partido Solidaridad, que lidera Paulo Pereira (máximo dirigente de la central obrera Fuerza Sincicial). Se trata de Fabiano Baptista Ramo, alias Tikac. El año pasado, el “político” fue preso bajo la acusación de haber ayudado en la fuga a Rogerio157, uno de los cabecillas máximos del Comando Vermelho en las favelas cariocas. Más recientemente fue filmado en un baile en el Complexo da Penha, donde se lo veía rodeado de jóvenes que danzaban con fusiles y pistolas en brazos y manos. Otro relato, esta vez de los agentes de investigación policial de Manaos, indicó a Carlos Condera como un narco que financia al gobernador de Amazonas, Amazonino Mendes (del Partido Democrático Laborista). En diciembre del año pasado, este Condera fue nombrado asesor de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del estado amazónico. Hoy apoya en forma directa la reelección de Amazonino.