Este viernes se cierra la ronda de indagatorias a cargo del juez Sebastián Casanello en la segunda etapa donde se investiga una estructura de sobornos, en el marco de la causa
donde se investiga a la brasileña Odebrecht por la construcción de dos plantas de AySA, donde ya fueron procesados referentes de la construcción y un ex funcionario de la empresa estatal.
Por videoconferencia y desde el Penal de Marcos Paz, declara Julio De Vido y correrán los plazos para que el magistrado resuelva la situación procesal de los sospechados de ser parte del cobro y pago de coimas.
El gigante brasileño admitió haber pagado coimas por 35 millones de dólares en nuestro país para obtener contratos de obras públicas durante el gobierno kirchnerista. En la información analizada, se detectaron transferencias a los contadores de Rodríguez en Uruguay por más de 11 millones de dólares.
En esta investigación, a cargo del juez Casanello, se planteó que hubo “acuerdos espurios” para manipular actos administrativos y que “las contrataciones estuvieron previamente direccionadas” y que el llamado a licitación pública fue tan sólo “una puesta en escena para disfrazar negocios previamente acordados”.
En consecuencia, hubo una “ficción sobre el mejor precio” y ambas obras -la planta de Paraná de las Palmas y otra en Berazategui- expusieron “la existencia de un millonario perjuicio económico al Estado traducido, entre otras cosas, en mayores costos como consecuencia de las irregularidades cometidas”.
Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que dirige Sergio Rodríguez, expuso una serie de “groseras irregularidades” y patrones en común en ambas contrataciones. “El comportamiento de los funcionarios públicos como el del sector privado muestran la manipulación de los procesos licitatorios”, tal como informó Clarín.
En este contexto, concluida la primera etapa de la investigación Casanello avanzó -junto al fiscal Federico Delgado-, en la ruta de los presuntos sobornos que se cobraron alrededor de la obra. Por ello se realizó una extensa ronda de indagatorias que concluyen hoy con la declaración de Julio De Vido quien lo hará por videoconferencia desde Marcos Paz y según pudo saber Clarín, dejará un escrito sin responder preguntas.
Se trata de dos plantas potabilizadoras. La primera Paraná de Las Palmas (Tigre), fue adjudicada al consorcio integrado por Odebrecht, Benito Roggio, José Cartellone Construcciones y Supercemento, supuestamente por un 25% más que su valor inicial de licitación: pasó de $ 1.838 millones a 2.600 millones. Con retrasos permanentes en la construcción (más de 60 meses), ese costo se incrementó un 78%.
“La obra demoró 8 años y se terminó abonando $ 6.405.470.132,39”, planteó el Juez de la causa.
La otra obra, una planta de tratamiento de efluentes cloacales de Berazategui, fue adjudicada al Consorcio Camargo Correa (firma brasileña investigada en el Lava Jato) y Esuco SA. Esta planta fue licitada por 324 millones de pesos en 2007, y su adjudicación se realizó por un monto superior: 481.764.394 pesos.
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Con cinco adendas firmadas para la redeterminación de precios, se terminaron pagando $ 859.137.225,59.
En ambos contratos, según consignó el juez y tomó como dato relevante, participaron “firmas brasileras involucradas en mayor o menor medida en el Lava Jato”, la causa por lavado de dinero y corrupción que tiene como una de las protagonistas a Odebrecht que pagó sobornos en doce países para obtener obras.
Para Casanello las líneas de financiamiento, fueron acordadas con anterioridad a que la empresa AySA hiciera pública su voluntad de contratar”, lo que para el juez muestra “los acuerdos preexistentes y desnuda el montaje de la licitación pública como una mera puesta en escena”.
Atrás de estas “licitaciones simuladas” se investiga un circuito de coimas que Odebrecht habría pagado a ex funcionarios del extinto ministerio de Planificación Federal y bajo la mira está el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez ya indagado en este expediente a raíz de unos movimientos de dinero en Uruguay utilizando firmas offshore.