Esposado, con campera gris y lentes, Ariel “Guille” Cantero observa el monitor que le devuelve las imágenes de lo que sucede en la sala del Tribunal Oral Federal N° 3 de
Rosario. Está sentado en el extremo derecho de un largo banco, en una sala del penal de Ezeiza. Bosteza. Luego mira hacia abajo, justo en el momento en que el secretario del juzgado alude a su poder de mando dentro de la organización narcocriminal.
A su izquierda está sentado Jorge “Ema” Chamorro, uno de sus más fieles laderos. Intercambian comentarios. Parecen aburridos con un trámite formal: la lectura de la elevación a juicio contra una “estructura criminal destinada al tráfico de estupefacientes”.
Las autoridades diseñaron un fuerte operativo de seguridad para “blindar” la zona de tribunales. (JUAN JOSÉ GARCÍA)
A las 9.57 de este jueves, minutos antes de que los monitores ofrecieran esa postal, se iniciaba un juicio histórico para Rosario: el primero por narcotráfico contra miembros de “Los Monos”, la banda que impuso su ley desde fines de los 90.
La primera jornada del trámite se centró en la lectura del requerimiento de elevación a juicio que elaboraron los fiscales Adriana Saccone y Diego Iglesias. Las 180 páginas del escrito repasan detalles de la estructura que Cantero y Chamorro manejaban desde la cárcel santafesina de Piñero con la asistencia clave en la calle de sus parejas, Vanesa Barrios y Jésica Lloan.
“Los cuatro tenían absoluto control del funcionamiento de la organización”, concluyeron los fiscales. Un escalón más abajo aparece Patricia “La Cele” Contreras, la madre de “Guille”. “Participaba en la cadena de comercialización” y “en la toma de decisiones”.
Ariel “Guille” Cantero y “Ema” Chamorro están señalados como líderes de la banda. Ambos fueron condenados en otro juicio. (JUAN JOSE GARCÍA)
El abogado de Cantero, Carlos Edwards, planteó que las escuchas y las pruebas “de ninguna manera acreditan el rol de organizador” de su defendido, al que definió como un simple comerciante. Fausto Yrure, encargado de la defensa de 17 de los 39 imputados, puso en duda que las escuchas incluidas en la causa tengan elementos ciertos para culpar a sus clientes.
En la elevación a juicio consta un detalle de los roles –desde organizadores a soldaditos, pasando por los que fabrican la droga o custodian los búnkers- y de la operatoria de la banda. Se citan movimientos, llamados telefónicos, seguimientos policiales y órdenes entre los integrantes de la banda para comprar o vender “pollo”, “escama”, “perfume”, “pura” o “especial”, términos para eludir hablar directamente de droga.
Los fiscales plantearon que la dinámica de la organización “no se vio privada de atravesar en ciertos momentos situaciones que generaron rispideces” entre sus integrantes.
El clima en el inicio del juicio se tensó pasado el mediodía ante el pedido de Yrure para que le retiren las esposas a los 22 detenidos que siguen la audiencia a través del sistema de videoconferencia.
“Hay personal fuertemente armado” custodiando a los detenidos y “más de quinientos o mil dentro del penal”, por lo que no existe riesgo de fuga, conjeturó Yrure. “Someterlos a lo que significa estar esposados durante 8, 10 o 12 horas de debate es empujarlos a que desistan a su derecho de presenciarlo”, insistió.
Una de las carpas montadas para los familiares de los imputados. En otra trabajaron los medios que cubrieron la audiencia. (JUAN JOSÉ GARCÍA)
El tribunal, sin embargo, rechazó la postura de la defensa al avalar un informe del comando de seguridad del complejo penitenciario que justifica la medida por el “perfil criminológico” y la cantidad de detenidos que participan del trámite.
Afuera la tensión era mayor, aunque no había histeria. La seguridad reforzada, con la que se buscó blindar el edificio del juzgado Federal, devolvía una imagen desacostumbrada del señorial bulevar Oroño, en el centro de Rosario.
Efectivos de Gendarmería y de Prefectura custodiaron la zona exhibiendo armas largas. Adentro se dispusieron detectores de metal y telones verdes para evitar que se pueda observar lo que sucedía en el interior. Se sumaron cámaras de seguridad, todo para evitar ataques como los que se vivieron en la ciudad en los últimos meses.
Los familiares de los imputados observaron la audiencia ubicados en una carpa montada en un extremo del edificio, junto a otra que se armó para el trabajo de la prensa. Los lugares también contaban con custodia.
Treinta y nueve imputados están involucrados en el juicio. Sólo 17 pueden participar de las audiencias en forma presencial: los 12 con prisión domiciliaria y los 5 que permanecen en libertad. Seis mujeres pidieron permiso para ausentarse de las audiencias para atender a sus hijos pequeños. Una de ellas es Barrios. Otra es Contreras, la madre de los Cantero. El pedido será evaluado por el Tribunal.
Se espera que desfilen durante el juicio 269 testigos, con una amplia mayoría de policías. Antes de fin de año se conocerán las sentencias. Para los cuatro cabecillas podrían caber penas de entre 8 y 20 años de cárcel.
El resto, imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por haber sido cometida en forma organizada, podría recibir condenas de entre 6 y 20 años de prisión.