El fiscal que investigó el asesinato de cuatro mujeres en 2011 en La Plata quedó más cerca de ser sometido a un juicio político porque consideran que hubo “graves irregularidades, omisiones
y parcialidad manifiesta” en ese proceso judicial, que conmovió al país. Esas actitudes que le atribuyen al fiscal Alvaro Garganta perjudicaron a Osvaldo “El Karateca” Martínez, quien era el novio de una de las víctimas, fue el primer detenido en el caso y estuvo 180 días preso, aunque terminó absuelto en el juicio oral.
Alvaro Garganta en la escena del crimen cuadruple de La Plata, en 2011
Este martes al mediodía se conoció un dictamen de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia, que -por unanimidad- fue favorable para avanzar con el pedido de enjuiciamiento contra el titular de la UFI N° 11 de La Plata por presunto mal desempeño en sus funciones durante la investigación del cuádruple crimen de La Loma.
Entre el 27 de noviembre de 2011 y las primeras horas del día siguiente, en un departamento de 28 entre 41 y 42 (La Plata), ocurrió una masacre. Micaela Galle (11); su madre, Bárbara Santos (29); su abuela, Susana de Bárttole (63); y una amiga de la familia, Marisol Pereyra (35), fueron apuñaladas, golpeadas y asesinadas con inmensa saña y brutalidad.
Pocas horas después del hecho, Garganta y la Policía ya tenían a un sospechoso: “El Karateca” Martínez, pareja de Santos. A partir de ese momento -según la acusación que avalaron los integrantes de la comisión bicameral- todos los indicios y las pruebas se forzaron y orientaron a sostener esta hipótesis: que Martínez había cometido la matanza por celos, porque se habría enterado que su novia estaba por iniciar una nueva relación.
Sin embargo, en julio de 2014 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de La Plata condenó a reclusión perpertua por el cuádruple crimen a otro hombre, Javier “La Hiena” Quiroga (39), un albañil formoseño adicto a las drogas que había realizado trabajos en el departamento de las mujeres y cuyos perfiles de ADN se encontraron en la escena del crimen. En el mismo fallo absolvieron a Martínez. Y en febrero de 2016, la sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la sentencia.
Entonces, la familia del muchacho decidió ir contra Garganta. El pedido de juicio político para el fiscal fue iniciado por Herminia López Arvid, abogada y madre del “Karateca”. La mujer asegura que el fiscal “construyó un relato novelesco sobre lo acontecido y formuló un diagnóstico de médico especializado sobre los celos; por declaración de una amiga de su hija supo que había un novio celoso y que en el pasado había practicado karate; que ello fue suficiente para arruinarle la vida a un inocente que acababa de perder a su novia, desde hacía casi tres años, y a la hija de ésta”.
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Además, lo acusa de haber allanado la casa de su hijo sin orden judicial previa, haberlo maltratado durante el proceso y haber habilitado el robo por parte de efectivos policiales de objetos personales y hasta 2 mil pesos que tenía sobre un mueble.
De acuerdo con el planteo de Herminia López Arvid, el magistrado quiso “demostrar una eficiencia investigativa” y transformó a su hijo en “chivo expiatorio de una causa armada”. Aporta detalles de varias irregularidades en la investigación como la aparición de un testigo falso, el remisero que dijo haber visto a Martínez en la escena de la masacre.
Se trata de Marcelo Tagliaferro, quien se presentó en el caso asesorado por el abogado Fernando Burlando. El chofer de remís cobró 300 mil pesos de la recompensa que el Gobierno dispuso para quien aportara datos que permitieran aclarar los homicidios. Pero luego terminó procesado por falso testimonio.
“Elevamos las actuaciones para que se realice, previos los trámites de estilo, el correspondiente juicio político del doctor Álvaro Garganta, para que en un amplio debate se decida en definitiva la situación del causante, con sujeción a las garantías procesales y constitucionales que rigen”, resolvió la Comisión Bicameral que preside el diputado Ricardo Lissalde (Frente Renovador) y que está integrado por representantes de Unidad Ciudadana y de Cambiemos.
Garganta es, además, el instructor de una causa sensible: tiene las denuncias que la diputada Elisa Carrió formuló contra el ex gobernador Daniel Scioli y otros miembros de su gabinete por enriquecimiento ilícito y otros delitos relacionados con su actuación en la función pública.
A esa se la conoce como la megacausa de las “cajas políticas” de la gestión en la Provincia entre 2007 y 2015. Esta dividida en 9 casos, en alguna de las cuales el ex gobernador fue indagado. Los delitos que se le imputan a Scioli van desde asociación ilícita y fraude al Estado hasta tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Está a un paso de ser elevada a juicio oral.
Pero con la resolución de la Bicameral podría quedarse sin fiscal. El proceso contra Garganta continuará con el sorteo de los integrantes del jurado, que deberá definir la continuidad o no del procedimiento y también -como solicitó la Comisión- el eventual “apartamiento provisorio” de su cargo en la Fiscalía 11.