La Cámara Nacional Electoral desaprobó las rendiciones de las campaña presidenciales de 2015 del oficialismo, el kirchnerismo, el massismo y el espacio del puntano Adolfo Rodríguez Saá y le pide a
la Justicia que investigue las “diferentes situaciones advertidas en las auditorías contables”.
En cuatro fallos similares firmados por los jueces Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, la Cámara dispuso continuar investigando los movimientos de dinero de las campañas presidenciales de “Cambiemos”, por la que se candidateó Mauricio Macri; el “Frente para la Victoria”, que llevó a Daniel Scioli; “Unidos por una Nueva Alternativa (UNA)” de Sergio Massa y “Compromiso Federal” de Rodríguez Saá.
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En sus resoluciones, los camaristas señalaron que aun cuando las cuentas fueron desaprobadas, el juzgado de primera instancia deberá avanzar con la investigación de situaciones informadas por las auditorías contables, con el objeto de conocer efectivamente el origen y destino de los fondos de campaña.
Puntualmente, detallan la necesidad de corroborar: la autenticidad del origen de algunos aportes privados, la existencia de aportes ilegales por parte de empresas y de gastos de campaña no declarados como la publicidad en vía pública, medios gráficos, la actividad en redes sociales e incluso gastos producidos antes del inicio del período legal de campaña.
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Para esto, la Cámara requiere que las personas que figuran como aportantes confirmen que ellos efectivamente hicieron las contribuciones y señala la necesidad de citar a declarar a “personas que tienen un vínculo relevante” con empresas que “carecen de capacidad legal para contribuir al financiamiento de los partidos políticos”.
En ese contexto, también solicita ampliar la composición del Cuerpo de Auditores Contadores, “atento al volumen de información que debe ser fiscalizada y a la necesidad de acelerar los tiempos de tramitación y resolución de este tipo de causas”.
Al remarcar la trascendencia de esta materia, los camaristas señalan que “lo que está en juego es la lealtad en la lucha por el poder público y por ende la transparencia de los actos que conducen a la voluntad pública; en última instancia la salvaguardia del principio democrático”.