Las cárceles, dicen los expertos, resultan a veces un reflejo de lo que ocurre fuera de los muros. En la Provincia hay un dato que confirma esta aseveración: en los pabellones
bonaerenses, el 5,1% tiene documentación extranjera, el mismo porcentaje de los inmigrantes que viven en este territorio.
Son 2009 internos, sobre un total que -a principios de setiembre- era de 41.267 presos alojados en unidades penitenciarias y alcaidías de la Provincia.
Sobre ese núcleo trabaja el ministerio de Justicia en un programa para ser remitidos a sus países de nacimiento, en el marco de la iniciativa para aliviar la superpoblación carcelaria en la Provincia, tal como publicó Clarín el 7 de septiembre.
De acuerdo con la ley, están en condiciones de acceder al extrañamiento una vez que cumplen la mitad de la condena impuesta por cualquier delito, siempre que no tengan otros procesos judiciales abiertos. O sea, pueden ser expulsados del país y se le da por cumplida la pena, según lo contempla la ley de Migraciones N° 25.871.
En todo 2018 fueron 23 los que se enviaron a sus países. El trámite comenzó a apurarse a partir de mayo y, según dijeron en el Gobierno, hay otros 4 que tienen el trámite avanzado para completar el procedimiento.
La Provincia pretende acelerar este recurso para aliviar plazas en un desbordado Servicio Penitenciario, que tiene una superpoblación que roza el 40%.
Servicio Penitenciario Bonaerense.
De diciembre de 2015 hasta hoy, la población carcelaria subió de 32.967 presos a 41.267 (25,2 %). El Gobierno pretende que unas 300 personas, del total de extranjeros, sean repatriados en los próximos meses.
Quienes otorgan esas medidas son los jueces y es “muy difícil que alguno se oponga, excepto que tenga argumentos bien fundados”, explicaron las autoridades. En cuanto a los detenidos, muchos se resisten a volver a sus tierras por los lazos familiares que propiciaron en Argentina.
Según la información oficial, de los 2009 extranjeros en el sistema penal bonaerense, el 51,3% son paraguayos; el 17,66% son peruanos; el 9,14% uruguayos; el 8,87% bolivianos y el 5,21% chilenos. Completan la grilla, con porcentajes muy bajos, colombianos, dominicanos y brasileños, entre otros. La mayoría están presos por delitos contra la propiedad.
La figura del extrañamiento se aplicó hace cinco años a Luis Mario Vitette Sellanes, uno de los ladrones del “Robo del Siglo” al Banco Río de Acassuso.
El uruguayo Luis Mario Vitette Sellanes, condenado a 25 años de prisión por ser el cerebro del denominado Robo del Siglo al banco Río de Acassuso cometido en 2006, fue expulsado de la Argentina.
Fue después de que Vitette pidió su expulsión y el juez Marcelo Alejandro Peluzzi consideró acreditados los requisitos de la ley para otorgársela, por lo que volvió a tierras uruguayas, abrió una joyería y fue padre de nuevo. La misma resolución judicial estableció que el ex reo no podrá pisar Argentina hasta el 24 de junio de 2034.
En la búsqueda de reducir la superpoblación carcelaria, los jueces de ejecución y el ministerio de Justicia apelan a otras variantes para el cumplimiento de penas. Así, el 2% de los presos bonaerenses (poco más de 820) cumple las condiciones contempladas en el artículo 10 del Código Penal de la Nación para acceder a una prisión domiciliaria (por enfermedad, embarazo, edad u otras cuestiones).
Con monitoreo electrónico hay, actualmente, 1933 reclusos. Y además, el ministerio de Justicia tiene un plan para ampliar la capacidad del SPB. Avanzan las obras en las alcaidías de San Martín, Campana y Lomas de Zamora. Allí habilitaron un nuevo módulo para sumar otros cuatro pabellones, con 68 plazas, y “se sumaron 60 camas en las 74 celdas que ya había”, dijeron en el ministerio.
Hace unas semanas, el juez Eduardo Ezkenazi, titular del Juzgado Correccional N° 2 de La Plata, remarcó que “el Ministerio de Justicia (a cargo del Servicio Penitenciario) incumple 20 sentencias de habeas corpus firmes respecto a situaciones de sobrepoblación carcelaria (…) y 110 sentencias firmes respecto a la clausura y fijación de cupos en relación a la misma cantidad de comisarías“.
En su resolución, el magistrado fue contundente. “Se expuso a partir del contenido de la totalidad de los informes confeccionados durante el año 2017 por los Comités de Seguimiento de las Personas privadas de la Libertad de la Provincia de Bs. As, que la situación de las personas privadas de la libertad resultaba violatoria de sus derechos”, indicó.
Y agregó: “Se probó también que la superpoblación existente se resolvía duplicando o triplicando la capacidad de las celdas (…), debiendo dormir por lo menos uno de los internos al lado del sanitario que será utilizado durante la noche y al cual no se podrá acceder si no es caminando sobre los compañeros de celda que deben dormir en el suelo”.
El informe asegura que los problemas se replican en las comisarías, donde hay alojados más de 3.500 presos, cuando la capacidad apenas supera las 1.000 plazas. De esos detenidos, 1.184 están en dependencias policiales que fueron clausuradas por la Justicia. Por esa razón, en el mismo fallo en el que dispuso la creación de un comité de crisis el juez Ezkenazi ordenó al Ministerio de Justicia su traslado a unidades del Servicio Penitenciario. En resumen: las cárceles superpobladas deben recibir todavía más presos.
Ante ese panorama, el juez ordenó la creación de “un comité de crisis conformado por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial” que debía comenzar a funcionar en los siguientes 30 días, con el objetivo de la discusión de planes de acción.