Francisco asumió en el 2013, cuando la acusación sobre la pederastia en el Instituto Provolo no era una novedad. Para las víctimas, no cabe duda de que Bergoglio conocía la situación
a pesar de que no tomó cartas en el asunto hasta el momento en que la Justicia argentina acorraló a los acusados.
Para demostrar el conocimiento de la situación por parte de Francisco, las víctimas señalan un hecho: el mimo año que Francisco inició su papado, un grupo de sobrevivientes de abusos sexuales en una sede del Provolo en Verona (Italia) elaboró un informe en el que se detallaba lo que les había sucedido. Aquella fue la única vez que recibieron una respuesta oficial, firmada por monseñor Ángelo Beccio, secretario para los Asuntos Generales de la Santa Sede. En el texto, las autoridades afirmaban su compromiso con “el apoyo al drama de las víctimas y la investigación de los casos”.
Al año siguiente, en 2014, realizaron otra serie de acciones para dar a conocer lo que les había pasado. Primero, realizaron un video y dieron los nombres de los integrantes del Provolo que habían abusado de ellos, entre los que aparecían mencionados los sacerdotes Nicola Corradi, Eliseo Primati y Luigi Spinelli. Los tres, en ese momento, ya estaban instalados en Argentina. La Red de Sobrevivientes asegura que Francisco vio el video.
Meses después, volvieron a enviar una carta al Vaticano en la que consignaron, uno por uno, a todos los abusadores. La carta no tuvo respuestas.
Ese mismo año, una de las víctimas de Italia, Giuseppe Consiglio, logró conseguir encuentro con Francisco. En la reunión, el hombre le entregó al Papa una carta en mano contándole los abusos que había sufrido cuando era alumno del Provolo.
En noviembre de 2016 estalla el escándalo en Argentina. Luego de la primera denuncia judicial en Mendoza, se inicia una investigación y son detenidos, entre otros, los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, el mismo que ya había sido acusado en Italia.
Cuando la situación toma estado público, en marzo de 2017, Francisco decide nombrar a dos religiosos, Dante Simón y Juan Martínez, para que realicen una investigación preliminar canónica del caso mendocino. Tiempo después, decide nombrar al monseñor auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, como “comisario apostólico” para que siguiera de cerca las causas.
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