La Justicia avanza con la investigación por supuesto desfalco, hasta ahora de 110 millones de pesos, al sindicato del Personal de Seguridad (UPSRA). El gremio cuenta con 18.000 afiliados y sufre
serias complicaciones prestacionales en su obra social (OSPSIP) que quedaron en evidencia luego de que la propia Superintendencia de Servicios de Salud informara, a raíz de una auditoría, que corre “riesgo prestacional” por los rojos en sus números.
A fines de 2016 el ministerio de Trabajo intervino el sindicato luego de una disputa electoral violenta entre dos facciones que, para la cartera de Jorge Triaca, dejó el gremio “acéfalo”. De ahí a la fecha se sucedieron cuatro delegados normalizadores. Patricio Lombilla, el último de ellos y que tiene mandato en la actualidad, ya convocó para octubre a una asamblea general extraordinaria para empezar el proceso electoral con la intención de realizar elecciones en febrero y devolver el sindicato a los trabajadores en marzo.
Al igual que ocurrió en el SOMU, el sindicato que liderada el ahora preso Omar “Caballo” Suárez, la intervención se encontró, luego de realizar un muestreo de auditoría contable, con que las anteriores autoridades gremiales desviaron 110 millones de pesos al tiempo de ser intervenidos. En la denuncia se muestra que los saldos contables de la cuenta “Préstamos del UPSRA a OSPSIP” al 30 de junio de los años 2013, 2014 y 2015 se transfirieron acumulados un total $533.000 mientras que solo en 2016 se giraron $ 12.473.664,44. Para concluir con el llamativo saldo de cuenta entre el período 1 de julio 2016 al 30 de junio de 2017 por $110.683.085,08.
Todo devino en la correspondiente denuncia penal que recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo. Para entender la maniobra hay que desglosar lo siguiente: cuando Trabajo intervino el sindicato no hizo lo mismo con la obra social y al ser el secretario general, Ángel García, también titular de la obra social transportó la estructura sindical a ésta. De hecho, su pareja, Celestina Ferrara es la tesorera de la entidad de salud.
En el expediente que trabaja Lijo, el fiscal Ramiro González pidió múltiples medidas de prueba para avanzar con la investigación, entre ellas retirar documentación contable del UPSRA algo que ya realizó Gendarmería a fines del mes pasado. También se le pidió al BCRA el levantamiento del secreto bancario y a la AFIP que se releve el secreto fiscal de la obra social.
Pero, ¿qué es exactamente lo que se denuncia?
Se detectó que entre diciembre de 2016 y julio de 2017 se transfirieron del sindicato a la obra social 110 millones de pesos que, según los registros contables, que fueron aprobados por García y ejecutados por Ferrara, se utilizaron 45 millones de pesos para “préstamos a la obra social” y para pagarle a prestadores de la OSPSIP de manera directa desde el sindicato.
Pero con un agravante: “la mitad de esos prestadores corresponden a titulares relacionados con García y Ferrara, tanto por su vínculo laboral como personal”, asegura la declaratoria de Lombilla ante el juzgado de Lijo. Por ejemplo, en las firmas MedicFarm SRL, GEMED y Farmacia del Trabajo SCS figura como socia María Soledad Ferrara, que es sobrina de Celestina. Y en la firma JFG Sports SRL la propia Celestina es socia.
El otro socio que se destaca pero a nivel laboral y siempre según la denuncia es Carlos Mazzei: lo sindican como empleado del estudio Ferrara.
Por lo que supo este diario, el giro de dinero mensual de este sindicato era, al momento de la intervención, de unos 15 millones de pesos. Clarín supo de involucrados en esta trama que Ferrara, al igual que el sindicalista Marcelo Balcedo y su familia, está viviendo en Punta del Este. Quienes quedaron a cargo prefirieron no opinar sobre la cuestión judicial una vez que se los consultó.