La Sala I de la Cámara federal porteña confirmó el procesamiento contra Ricardo Echegaray por los sobreprecios en la adjudicación de los servicios de limpieza del ente recaudador bajo su dirección,
y le trabó un embargo de 15 millones de pesos.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens confirmaron la decisión del juez Sergio Torres, quien procesó al ex titular de la AFIP al encontrarlo responsable de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Ricardo Echegaray es el responsable de la adjudicación de la licitación. Inútiles resultan sus dichos relativos a que actuó en base a las recomendaciones que efectuaron las áreas intervinientes, ya que estas dependencia aconsejan pero no tiene capacidad de resolver el proceso”, había señalado el juez Torres.
En la causa, en la que también intervino el fiscal Federico Delgado, se estableció que la empresa Limpiolux ganó una licitación para asear el edificio por 15.196.000 pesos, una suma que duplica el monto ofertado por la firma Ricardo Bilbao -apartada del proceso licitatorio- y que era contratada desde 1981 para hacerse cargo de la limpieza del edificio de la AFIP. Bilbao había presupuestado el trabajo en 7.456.242 pesos.
El expediente se inició en 2011 por una investigación de Clarín, que reveló las extrañas maniobras en la licitación para limpiar la AFIP. La empresa adjudicataria, según consignaron fuentes judiciales, “tiene contratos con otros organismos del Estado”.
Cuando ocurrió el proceso licitatorio, la empresa Bilbao impugnó dos veces la decisión, considerando que se trató de una “cuestión arbitraria” otorgar la adjudicación a Limpiolux, “que supera el precio estimado por la AFIP y tiene una diferencia sideral con nuestro precio: exactamente 100%. Es entonces que la AFIP se perjudica gravemente en 7.739.758 pesos”, advirtió la firma.
Echegaray no dio lugar a estos reclamos. El organismo había presupuestado por el trabajo 14,8 millones, casi 400.000 pesos menos de lo que cotizó Limpiolux.
Según el juez Torres, fue el ex titular del organismo recaudador quien “indicó en su descargo que en una ocasión se apartó de las recomendaciones efectuadas por las oficinas que intervinieron previamente en la resolución”, señalando que fue responsable como máxima autoridad de la AFIP “del proceso de adjudicación”.
Al respecto, indicó que “la delegación de funciones a órganos inferiores para instrumentar distintos aspectos de la licitación no lo exime del deber de velar por el interés del Estado, que se relaciona con los bienes jurídicos protegidos”.
Además de Echegaray se encuentra procesada Cecilia Peluso, dueña de la empresa Limpiolux SA, ya que fue “la persona que se benefició a raíz de la comisión del delito y sin su participación ello no habría sido posible”, señala el juez, quien aclaró que si bien no fue actor en forma directa, el hecho de que no sea funcionaria pública “no implica dejar impunes a quienes participaron”. A Peluso la embargó por 15 millones de pesos.
Al resto de los procesados, que en su mayoría cumplían roles administrativos, se les atribuyó una “participación secundaria de la maniobra, ya que cada uno tomó intervención en el proceso licitatorio en el marco de sus respectivas funciones”, se remarcó en el expediente.
Asimismo, se planteó que “no sólo no objetaron el proceso licitatorio en ninguna de sus intervenciones, sino que dentro de cada competencia respectiva, realizaron las diligencias necesarias para arribar a la decisión final”. Para los nueve imputados, el embargo fue de un millón de pesos.