Facundo Jones Huala se encuentra desde el martes a la noche en Chile, luego de que la Argentina aceptó extraditarlo por pedido de la justicia chilena, que lo acusa por varios
delitos que pueden enmarcarse en la ley antiterrorista de ese país. La decisión fue tomada por la Corte Suprema argentina, que el mes pasado dio por cerrada una larga batalla judicial montada por la defensa del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche, un grupo radicalizado que no reconoce al Estado argentino. El Gobierno decidió no intervenir y de ese modo habilitó.
De acuerdo a lo que pudo saber Clarín de fuentes oficiales, a último momento el Gobierno recibió un pedido de uno de los organismos de las Naciones Unidas de una medida provisional para que no se lo extradite. Esta suerte de cautelar pudo haber sido una última oportunidad para Jones Huala, pero el Estado argentino la consideró “no vinculante” y la pasó por alto.
El pedido del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al gobierno argentino respondió a una presentación que había hecho la defensa de Jones Huala. El Comité está formado por expertos independientes y supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Parte. Ese organismo advirtió que el activista de la RAM no tenía garantizados sus derechos en Chile, de donde se fugó en 2014 tras haber sido imputado por un incendio de un campo en 2013 y posesión de armas caseras.
El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos es uno de los tratados incorporados a la Constitución argentina al igual que la Convención contra la desaparición forzada de personas, que fue utilizada por la defensa de Santiago Maldonado para decir que el joven artesano había sido “desaparecido” por las fuerzas policiales.
El 4 de septiembre, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó un expediente ante la representación argentina en Ginebra que está cargo del embajador Carlos Foradori. Ese funcionario se lo envió al canciller Jorge Faurie, y en el tema opinaron distintas áreas como la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Claudio Avruj.
El Comité de la ONU pedía se impusiera una medida cautelar mientras se analizaba lo planteado allí por la defensa del líder de la RAM. Es decir: que no lo extraditen. Efectivamente los miembros del grupo de la ONU entraron a analizar el caso, pero ya era tarde.
En el Gobierno afirmaron que este pedido del organismo no es de alcance obligatorio, es decir vinculante, más allá de que sí hay que cumplir con una serie de presentaciones que son parte del procedimiento. “Habiendo analizado la solicitud del Comité de DDHH de ONU de suspender la extradición a Chile de Jones Huala y entendiendo que la decisión de la CSJN (la Corte Suprema) respetó todas las garantías y que en Chile rige el Estado de derecho, el Estado argentino procedió con la materialización de la extradición”, reiteraron a Clarín fuentes del Gobierno, las que señalaron que “a la luz de los antecedentes Argentina adoptóò las medidas convenientes”. Chile es una democracia con poderes del Estado independientes y donde Jones Huala tiene garantìas para responder por los delitos que se le imputan, afirmaron. Y consideraron incluso temas ya laterales como el hecho de que hoy su ex presidente Michele Bachelet es la nueva Alta Comisionada para los Derechos Humanos.