El caso del carnicero Daniel Oyarzún, que mató a un ladrón en 2016 tras haber sido víctima de un asalto en Zárate, se debatirá esta semana en un juicio por jurados
en los tribunales de Campana. Esta modalidad existe en la provincia de Buenos Aires desde marzo de 2015.
El jurado está constituido por 12 personas (siempre seis varones y seis mujeres) y seis suplentes. Primero se seleccionan 48 por sorteo a partir de una lista de la Justicia electoral sobre la base del padrón en el que están todos los ciudadanos mayores de 21 y menores de 75 años.
Los miembros de fuerzas de seguridad, los funcionarios y los empleados del Poder Judicial no pueden ser miembros del jurado. Al comenzar el juicio, las partes -Defensoría y Fiscalía-, entrevistan a los 48 y eligen a 18 (los 12 titulares y los 6 suplentes) y pueden recusar a los miembros por posibles conflictos de interés u otras razones.
Para ello, a los candidatos se les hace una encuesta de tres carillas. El tribunal puede eliminar a tres de los postulantes sin justificación, pero para los demás deberá dar una explicación justa. Para el veredicto el jurado va a tener que sortear otra encuesta. En el caso Oyarzún, las opciones son tres: culpable de homicidio simple, culpable de exceso en legítima defensa y no culpable.
Es el jurado el que determina si existió el delito y la culpabilidad de la persona. La pena la establece luego el juez, presente durante todo el proceso y quien hace de guía. El jurado no puede intervenir en el proceso ni en las exposiciones de las partes.
Para declarar culpable a una persona, 10 de los 12 miembros deben estar de acuerdo, y para una condena a prisión perpetua se necesita la unanimidad. Si el jurado declara que la persona no es culpable, esta decisión no puede ser apelada y la persona queda definitivamente absuelta. Si es declarado culpable, en cambio, la defensa sí puede apelar y llegar a instancias judiciales superiores.
Ser jurado es una carga pública obligatoria.
Puede ser convocado como jurado cualquier ciudadano argentino que tenga entre 21 y 75 años, viva en la Provincia de Buenos Aires y comprenda el castellano.
Quedan excluidos de ser jurados las personas que tengan responsabilidades públicas de relevancia (por ejemplo, gobernadores, intendentes, funcionarios políticos o del Poder Judicial), abogados, escribanos, miembros de las fuerzas de seguridad en actividad o retirados. También, quedan eximidos los que tengan alguna enfermedad física o psíquica que les impida ejercer la función.
El Ministerio de Justicia envía una carta por correo a quienes fueron pre-seleccionados con una declaración jurada destinada a certificar si reúnen o no las condiciones para ser jurados. Es obligatorio completar la declaración y mandarla por correo al Ministerio de Justicia. El trámite es gratuito.
Antes de la realización de un juicio, el departamento judicial pertinente efectuará un nuevo sorteo. Cuando sortean a una persona para actuar en un juicio le llegará una citación a su domicilio con los datos necesarios para que pueda asistir a la audiencia de selección de jurados. Para cada juicio por jurado se sortean 48 personas.
Audiencia de selección de jurados: de los 48 convocados se aparta a los ciudadanos que tengan algún impedimento o que sean recusados por la fiscalía y/o la defensa. Sólo llegarán a desempeñarse como jurados quienes hayan quedado seleccionados durante el transcurso de esta audiencia.
Para seleccionar al jurado popular se realiza una encuesta de tres carillas en los 48 postulantes que llegan al Tribunal.
Las personas que fueron citadas, pero no seleccionadas podrán ser convocadas para un nuevo juicio.
Quienes lleguen a actuar como jurados no podrán ser convocados nuevamente por el término de tres años.
Esta carga pública es remunerada. Quienes trabajan en relación de dependencia no cobran esta remuneración, pero el empleador deberá pagar el salario como si hubiese trabajado normalmente.
Los gastos de transporte y comida los cubre el tribunal.
Jurados populares: hay más condenas que absoluciones
Las faltas al trabajo, facultad o cualquier otra institución se justifican por medio de las citaciones recibidas y las certificaciones de asistencias expedidas por el tribunal.
Los jurados no deberán interpretar la ley sino determinar los hechos del caso tras valorar las pruebas del debate de acuerdo a la experiencia y al sentido común. Solamente deberán determinar si el acusado es culpable o no del hecho que se le imputa.
El juicio por jurados permite la participación de la ciudadanía en la administración de la Justicia (y es, precisamente, el modo de participación ciudadana en la administración de justicia que contempla la Constitución Nacional).