Luego de tres meses de arduo debate, el proyecto del código electoral para la Ciudad entró en la recta final. El oficialismo logró acuerdos mayoritarios para puntos ríspidos -como el sistema
de votación y la posibilidad de juntar la fecha de la elección local con la nacional- pero hay un ítem que no logra consenso, ni siquiera puertas adentro de Cambiemos: el financiamiento de las campañas. El oficialismo analiza remover ese artículo y llevar adelante la votación, para la que necesitan dos tercios, en la primera semana de octubre.
“Seguimos debatiendo la cuestión del financiamiento, ya que resta definir cómo se articula la Ciudad con el debate que se está dando a nivel nacional”, reconoce Natalia Fidel, quien destaca el “consenso absoluto” logrado en torno a la creación de un Instituto de Gestión Electoral que organice la elección, la paridad en las listas y el debate obligatorio de candidatos.
El texto original fija un sistema de financiamiento mixto (público y privado) con la novedad de que le permite a las personas jurídicas, es decir empresas, ser aportantes, con topes y controles.
“Creemos que el Estado tiene que ser el principal aportante y garantizar ecuanimidad, pero también hay que aceptar lo que es una realidad: que los empresarios tienen intereses y quieren aportar. La ley da la posibilidad de regular lo que ya se sabe que existe. Saber quiénes, aportaron cuánto y a dónde”, explica Diego Marias, legislador de Cambiemos y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El proyecto estipula que las empresas no pueden representar más del 5% del financiamiento privado y tienen prohibido donar más del 5% de las ganancias netas del año anterior. Un detalle puesto para evitar que empresas fantasmas, que no generan ganancias reales puedan destinar montos. También fija la bancarización y la creación de un registro online, para que la gente pueda ver de quién recibe aportes su candidato.
De entrada, el FpV se mostró en contra, al igual que el socialismo, con el argumento de que “lo privado no debe condicionar la política”, y pide financiamiento 100% público. Otros bloques ponen matices.
“El financiamiento de personas físicas y jurídicas debe estar limitado. No sería bueno dejar la política sólo en manos de los que tienen dinero para hacer su campaña electoral”, asegura Guillermo de Maya de la UCR.
Pero el problema es que Cambiemos está dividido en esta idea. Desde la Coalición Cívica de Elisa Carrió explican que siempre estuvieron en contra de que las empresas aporten y se mantienen así. “Históricamente hemos financiando nuestras campañas con el dinero proveniente del aporte público y el aporte de personas físicas. Además de debatir quienes pueden financiarlas es central dar el debate sobre cuánto debe gastarse en una campaña electoral”, asegura la legisladora Cecilia Ferrero.
Al oficialismo también le juega en contra que a nivel nacional no avance el proyecto redactado por el secretario de Asuntos Políticos Adrián Pérez, que podría ayudar a ordenar la discusión local. La cuestión es que por más que llegaran a sumar otros apoyos, en Cambiemos no quieren dividirse para esta votación.
Por eso, quieren quitar directamente el artículo sobre financiamiento, para poder darle luz verde al Código que, entre sus puntos, le permite al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, juntar la fecha de elección ejecutiva porteña con la nacional.
La discusión tiene lugar en un momento caliente. Por un lado, está la causa por aportantes truchos a la campaña bonaerense de Cambiemos y por otro el escándalo de los “cuadernos de las coimas”, donde los principales involucrados declararon que se trataba de “plata para la campaña”.