Mientras Cristina Kirchner sostiene que las causas judiciales en su contra son un armado político del gobierno de Mauricio Macri, la Justicia avanza sobre expedientes que son determinantes ante una “gran
matriz de corrupción” donde reiteran algunos nombres: el de la ex Presidenta y el de su socio comercial, Lázaro Báez. En los próximos días la Cámara Federal porteña confirmará el procesamiento contra la senadora y sus hijos por lavado de dinero el la causa Hotesur. Asimismo, el juez Julián Ercolinien breve elevará a juicio oral el caso Los Sauces, donde se investiga una asociación ilícita, lavado de dinero y dádivas.
La ex mandataria tiene cinco procesamientos en la justicia federal: defraudación al Estado y asociación ilícita (en la causa por el direccionamiento en la obra pública de Santa Cruz), encubrimiento y estorbo de un acto de funcionario público (pacto con Irán), defraudación al Estado (dólar futuro), lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas (Los Sauces), lavado de dinero (Hotesur), y ahora podría sumar en la causa de los cuadernos de la corrupción otra acusación por asociación ilícita.
El futuro cercano es complejo para Cristina, que el 26 de febrero se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados, acusada de corrupción en la distribución de la obra pública. No será el único juicio oral que le espera.
En los próximos días, la Cámara Federal Porteña confirmará el procesamiento contra Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner por lavado de activos. En la causa Hotesur, la hipótesis que se investigó es que la ex familia presidencial recibió dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que le aseguraba -según señaló el juez Julián Ercolini- poder declarar esos fondos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen”, supuestamente ilícito.
Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.
En la causa se acusó a Cristina y sus hijos, y a Lázaro Báez (entre otros), de haber formado parte de “un complejo entramado societario” que se puso en marcha “para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado (a través dela causa de obra pública)”.
Esta acusación recibiría confirmación de la Sala I de la Cámara federal porteña en los próximos días, dejando a la ex Presidenta al borde de otro juicio oral.
A su vez, acusada de blanquear fondos, el juez Ercolini está próximo a elevar a juicio el expediente conocido como Los Sauces. El fiscal Gerardo Pollicita y las querellas (Oficina Anticorrupción y UIF) ya pidieron que se avance hacia la próxima instancia, algo que el magistrado hará en breve.
Según esa investigación, Cristina Kirchner incrementó su patrimonio a través de la recepción de dádivas. En este caso fueron Cristóbal López y Lázaro Báez quienes le pagaron entre 2009 y 2015 más de 31 millones de pesos en concepto de “presuntos alquileres”.
Cuando la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento contra la actual senadora de Unidad Ciudadana, concluyó que la inmobiliaria Los Sauces SA, propiedad de la familia Kirchner, fue sólo una pantalla. Entonces, se remarcó que se trató de “supuestos alquileres de inmuebles” para dar “apariencia “lícita”, a operaciones comerciales “para que Báez pudiera ingresar al patrimonio de la familia Kirchner parte del dinero ilícitamente obtenido” a través de la defraudación en la obra pública. Lo mismo ocurrió con López, con el 68% de la facturación de la empresa.
El impacto imprevisto de las confesiones judiciales
El calendario judicial de Cristina Kirchner sumó además, un llamado a indagatoria el 18 de septiembre en “la ruta del dinero K”, causa por la que Báez lleva preso más de dos años y cuyo juicio iniciará a fines de octubre sin esperar la resolución de la situación procesal de la senadora, imputada como coautora de lavado de activos.