Primero intentó ahorcarla con un alambre. Después la golpeó con piedras en la cabeza. Por último, cuando creyó que ya la había matado, la encerró en el baúl del auto. Arrancó
para enterrarla en algún descampado. Pero un vecino de Plottier, Neuquén, lo había visto y llamó a la Policía, que fue a la casa y se encontró con un charco de sangre. Al rato dieron con el auto. Ivana Rosales no murió aquella noche de abril de 2002 sino el año pasado, por una epilepsia, consecuencia de las múltiples secuelas que quedaron en su cuerpo.
En esos quince años de sobrevida Ivana luchó contra el sistema judicial, vio suicidarse a una de sus hijas -abusada por el mismo hombre que la quiso asesinar- y llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ivana pedía otra Justicia, una reparación, un refugio para mujeres víctimas de violencia de género. No logró nada. A un año de su muerte, su otra hija, Abril, repite los reclamos de su madre. La acompañan 35 organizaciones sociales y de derechos humanos.
Tras aquella noche de 2002 Ivana estuvo internada 45 días. Mario Edgardo Garoglio, su marido, fue a juicio. El fiscal, Eduardo Velazco Copello, introdujo un atenuante en la acusación, por circunstancias extraordinarias: “No fue una buena madre, ni una buena esposa”, aseguró.
Los jueces provinciales Emilio Castro, José Andrada y Eduardo Badano condenaron a Garoglio a 5 años de prisión por el atenuante que pidió el fiscal. Garoglio luego se fugó. Al volver, abusó de sus hijas. Mayka se suicidó. Abril tenía 13 años entonces. No pudo seguir estudiando. No pudo mucho más que acompañar a su madre en su dolor y sus secuelas.
En 2005, acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quería Justicia y una forma de reparación era abrir un refugio para las víctimas de la violencia machista, que llevara el nombre de Mayka. También insistió en la implementación del patrocinio jurídico gratuito para las víctimas de violencia de género y en el relevamiento de datos de violencia a nivel provincial y nacional.
A un año de su muerte, su hija y 35 organizaciones, entre ellas el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación de Estudios para la Mujer (FEIM), Fundación Mujeres en Igualdad, MuMaLa, NiUnaMenos- presentaron este miércoles una carta dirigida al presidente Mauricio Macri, al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, a la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túnez, al Gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y a la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Neuquén, Alicia Comelli.
“En una sola noche, en el año 2002, Ivana sufrió dos intentos de femicidio y sobrevivió luego de una internación de 45 días. Garoglio, autor de esa brutal golpiza, fue a juicio. El fiscal del caso dijo que Ivana “no fue una buena madre ni una buena esposa” y pidió que se considere esa valoración discriminatoria e injusta como atenuante de la conducta del victimario. Con argumentos sexistas y discriminatorios, el Estado provincial le negó justicia a una víctima de violencia extrema. A esa vulneración de derechos se sumó también la violencia institucional por motivos de género, que se configura cuando funcionarios o personal del Estado retardan, obstaculizan o impiden que las mujeres ejerzan sus derechos o accedan a políticas públicas.
El caso de Ivana Rosales es paradigmático de la forma en que opera esa violencia: las mujeres no solo se encuentran más expuestas a las violencias por parte de parejas actuales y pasadas, sino que además enfrentan innumerables obstáculos para acceder a la reparación de sus derechos en un sistema de justicia que las revictimiza aplicando estereotipos de género. Nueve años después de la sanción de la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres contra Todas las Formas de Violencia, su aplicación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista sigue siendo deficiente y las políticas para garantizar el acceso a la justicia siguen siendo sumamente deficitarias.”, dice parte de la nota.
“Mi mamá quería que esta casa fuera un refugio”, dice Abril a Clarín. Abril, con 19 años, sigue viviendo en esa casa que vio morir a su hermana y su madre. A ella le cuesta, le duele estar allí, pero no tiene otro lugar a dónde ir. “Espero que algún día llegue la justicia. Va lenta, pero tal vez llegue, y espero estar con vida cuando ocurra, no como le pasó a mi hermana y a mi mamá”, dice Abril, hoy, una militante por los derechos de las mujeres.