Uno de los pilares de la reforma judicial planificada por el gobierno bonaerense comenzará a estar operativo en las próximas semanas, tras la promulgación de la ley que crea la Comisión
del Mapa Judicial, firmada por María Eugenia Vidal este miércoles.
Integrada por un representante del ministerio de Justicia que conduce Gustavo Ferrari, otro del ministerio de Economía, un miembro de la Suprema Corte, otro de la Procuración, el presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia y tres senadores provinciales, la Comisión tiene entre otras funciones la de “proponer las acciones necesarias para ordenar la estructura del Poder Judicial en el territorio bonaerense”.
La flamante comisión, que tiene facultades para “proponer las modificaciones necesarias” en el tamaño, la distribución y la funcionalidad de las dependencias judiciales de la provincia, ya tiene trabajo para empezar. Tal como anticipó Clarín en abril, Ferrari ya había realizado una profunda recopilación de datos sobre la administración de justicia en Buenos Aires, que plasmó en un “mapa judicial” luego reconocido por la Legislatura con rango de ley.
El mapa es la llave con la que se busca destrabar la resistencia de muchos magistrados, legisladores y también intendentes, que detrás de escena son actores clave en de la gestión judicial actual, por su enorme influencia en la selección de los jueces y la orientación de sus lapiceras. A través de una aplicación web que ya está terminada, el mapa tiene actualizados online los números de todos los juzgados, tribunales y las causas que manejan para desnudar prejuicios, iluminar necesidades desconocidas y desalentar picardías. Hace unos meses, una consulta al mapa decidió suspender la creación de un nuevo departamento judicial en Pilar-Escobar, pues no era necesario. Es sólo un ejemplo.
Los datos frescos también certificaron que mientras en algunos juzgados ingresan 48 causas por semana, en otros menos de dos. “Necesitamos tener ‘bolsas’ de jueces de Garantías, por ejemplo, y que la Provincia pueda enviarlos donde hagan falta”, había admitido el ministro a este diario en abril.
Otros datos que emergieron de las primeras cargas en el mapa: mientras que entre 2012 y 2016 la población provincial creció un 4,6%, la cantidad de funcionarios judiciales aumentó 20,5%. En ese mismo lapso, la satisfacción con el servicio de justicia se precipitó al abismo.
Buenos Aires tiene hoy 18 departamentos judiciales, dos en proceso de constitución (Avellaneda-Lanús y Moreno-General Rodríguez) y otro aprobado pero sin ejecución (Merlo). Las disparidades funcionales entre ellos son oceánicas. Mientras que un departamento una adopción puede tardar 157 días, en otro lleva 433; y en los juicios laborales puede haber diferencias de 428 a 1.126 días.
“La creación de esta comisión permanente de mapa judicial permitirá resolver en el futuro la administración de justicia sobre datos concretos, y sobre esos datos hacer todo un planteo integral que apunte a los actores del sistema y a las normas que rigen la justicia y el funcionamiento”, explicó este martes Ferrari. Los comisionados también podrán opinar sobre los proyectos de ley que propongan la creación o transformación de órganos judiciales o del Ministerio Público; sugerir modificaciones a la ley orgánica del Poder Judicial y hacer un diagnóstico integral del servicio de justicia en la Provincia.