Con el lápiz rojo del ajuste sobrevolando cada partida del presupuesto nacional, y un silencio espectral por parte de la Corte Suprema de Justicia respecto a posibles medidas con las que
el Poder Judicial podría acompañar la austeridad en el gasto estatal que la hora reclama, el Gobierno analiza algunas medidas para reducir costos y aumentar ingresos gracias al aporte de los jueces.
Según supo Clarín, los cambios se estudian hace tiempo pero podrían acelerarse por la crisis económica, y se concentrarían en el régimen de jubilaciones. La primera medida en estudio -aunque ya fue comunicada a algunos importantes magistrados del fuero federal y esta semana llegó a los escritorios de los jueces de la Corte- sería un aumento del 12% al 15% en el aporte jubilatorio del sueldo. El otro cambio apuntaría a una suba en la edad mínima con la cual los jueces pueden retirarse, que hoy es de 60 años y subiría a los 65 años. La tercera medida es la más fuerte: el monto de la jubilación de los jueces bajaría de el actual 82% del sueldo a un 72%.
Esa baja -que por supuesto sería discutida de inmediato en los mismos tribunales cuyos titulares deberán decidir su legalidad- intentará acelerar las jubilaciones de jueces que ya están en condiciones de retirarse, y que si demoran su decisión cobrarán menos.
Varios magistrados importantes ya gestionaron su jubilación, para poder activarla efectiva y rápidamente en el momento oportuno. Entre ellos, la ministra de la Corte Suprema Elena Highton, los jueces federales María Servini y Rodolfo Canicoba Corral, y los camaristas de Casación Liliana Catucci y Eduardo Riggi, por ejemplo.
La suba de la edad mínima para acceder al beneficio jubilatorio también podría hacer pensar a otros magistrados que tienen más de 60 años y menos de 65, quienes si los cambios se concretan deberían esperar hasta esa edad para retirarse, además de cobrar un porcentaje menor del sueldo que cobran hoy. Entre muchos otros, en esa franja se encuentra por ejemplo el doctor Claudio Bonadio, hoy a cargo del expediente de los cuadernos de las coimas y sus causas anexas.
El esperado recambio de jueces tendría además otro beneficio fiscal, único objetivo que motivaría las medidas, más allá de los nombres: los magistrados que juran sus cargos desde el 1 de enero de 2017 pagan el impuesto a las Ganancias, que sus colegas más antiguos no tributan. Según informó Clarín, esta diferencia también fue puesta bajo la lupa por el peronismo, cuya propuesta fiscal incluye una generalización de Ganancias a todos las actividades y sectores que mantienen regímenes especiales con alícuotas reducidas.