El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) fijó fecha para el inicio del juicio contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, entre otros, en la causa
que investigó el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral. Esta instancia dará comienzo el 26 de febrero y será la primera vez que la ex Presidenta esté en el banquillo de los acusados junto al empresario K.
Se trata del expediente más importante de las causas por corrupción en las que está acusada la ex Presidenta, ya que la Sala II de la Cámara Federal porteña determinó que las maniobras investigadas son ni más ni menos que un delito precedente que permitió expandir “la matriz de corrupción” a otras investigaciones por lavado de dinero, donde se reiteran prácticamente los mismos acusados.
Tras evaluar la prueba solicitada por el fiscal ante el Tribunal, Diego Luciana, el TOF 2 -integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara- fijó fecha para que comience el primer juicio contra Cristina Kirchner: será el 26 de febrero de 2019 a las 12 en los Tribunales de Comodoro Py, donde la ex Presidenta ya tiene otras dos causas elevadas a juicio sin fecha de inicio.
“Debe destacarse la trascendencia de que la causa sea elevada inmediatamente a juicio, no sólo porque esa es la etapa en la que las partes discutirán con plenitud, y para ello se han cumplido con todos los pasos procesales penales previos exigidos (…) sino también porque desde el 22 de diciembre del pasado año se encuentra detenido a disposición de este juzgado el imputado Carlos Santiago Kirchner respecto del cual se dictó prisión preventiva”, expresó el juez Julián Ercolini cuando elevó la causa a juicio oral.
El juez Ercolini acusó a la actual senadora de Unidad Ciudadana de ser “jefa de una asociación ilícita” y haber defraudado al Estado por favorecer a Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por 46.000 millones de pesos durante los gobiernos kirchneristas.
La imagen del juicio avizora a Cristina Kirchner por primera vez compartiendo el banquillo de los acusados con Báez. Se verá al Tribunal Oral Federal frente a veinte personas procesadas por presunta participación en una misma maniobra, con diversas responsabilidades y, según la acusación, un único fin: “convertir al amigo presidencial en el principal empresario de la obra pública en Santa Cruz”.
Para Cristina Kirchner, en cambio, esta causa “encierra y consolida aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones”.
La ruptura del cerco de impunidad
Según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, durante las administraciones kirchneristas se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”, de Lázaro Báez.
Ese circuito de contrataciones “irregulares” permitió que entre 2004 y 2015 el patrimonio del “amigo presidencial” creciera un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares.
Pero no era la instancia final: los fondos “eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes” Cristina y Néstor Kirchner, afirmaron Pollicita y Mahiques. Se estableció que hubo “beneficios exclusivos” para Báez, quien se convirtió en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por las gestiones K.
La causa plantea que Cristina y sus ex funcionarios vinculados a la administración y control de la obra pública formaron parte de “una asociación” destinada a “cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.
La “operación criminal” fue, según la Justicia, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina para “pervertir su función” y utilizar el Estado para “enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad”.