Morales acusó a la comisión de “violar nuestras leyes, inducir a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad” y de aplicar “persecución criminal selectiva con evidente sesgo ideológico”.
El mandato de la CICIG para investigar la corrupción de alto nivel y el crimen organizado en la nación centroamericana finalizará en septiembre de 2019. El organismo y la Procuraduría General presentaron este mes ante los tribunales una moción para despojar a Morales de su inmunidad contra enjuiciamiento por presuntos delitos electorales. Los jueces enviaron la propuesta al Congreso, que debe formar un comité para investigar la acusación. El año pasado Morales sobrevivió a otro intento de la Procuraduría de revocar su inmunidad e iniciar una investigación en su contra por corrupción.